HIGÜEY. Durante el primer año de la gestión actual de la Alcaldía de Higüey, más de cien empresas han pagado arbitrios con permisos emitidos a través del departamento de Planeamiento Urbano de este cabildo, sin la autorización del Consejo de Regidores, como establece la Ley 176-07 y la sentencia 0296/16 del Tribunal Constitucional.
Esto obligó a que cinco regidores solicitaran al referido departamento entregarles una relación con la documentación que describa la naturaleza de esos proyectos. De esa cantidad de empresas, 126 en total, hay siete que en el primer trimestre de este año pagaron en el Ayuntamiento de Higüey arbitrios por uso de suelo correspondientes al monto de 19 millones, 589 mil, 218 pesos.
La mayoría de las empresas que cumplieron con esos pagos están ubicadas en el Distrito Municipal Verón-Punta Cana. Entre esas siete empresas está Inversiones Ronda, la cual registra el pago más alto, con 25 millones de pesos, de los cuales 12 millones y medio fueron recibidos en la Junta Municipal Verón-Punta Cana.
En esa misma situación están las empresas, Marcos Antonio Cedeño Montás, la cual pagó un millón, 109 mil pesos; Universal Tourism Development, que pagó un millón 763 mil pesos, y Therrestra SAS efectuó el pago 716 mil pesos. De igual manera, Noval Cortecito, que pagó un millón de pesos; Ganadería Pión, con el pago de dos millones 194 mil pesos, y Fideicomiso Inmobiliario, 771 mil pesos.
Los documentos a los que tuvo acceso eltiempo subrayan que esta misma cantidad de dinero, además del Ayuntamiento de Higüey, fue pagada en la Junta Municipal Verón-Punta Cana.
No obstante la concesión de estos permisos, ningunas de las obras fueron aprobadas por el Consejo de Regidores de Higüey, y hasta el momento Planeamiento Urbano no ha explicado en qué consisten esos permisos de uso de suelo, dónde están ubicados específicamente cada uno de los proyectos, la relación original del pago, la cuenta donde están los montos o en qué fueron invertidos.
La comisión de regidores que realiza la investigación está integrada por Luis Vélez, Yamel Martínez, Rosario Isabel Mateo (Charo), Leonte Torres Jiménez y Joaquín Ávila Inirio. De acuerdo a Vélez, emitir una certificación para uso de suelo sin ser conocida y aprobada por el Consejo de Regidores, además de ser ilegal, pone en
peligro la seguridad de los inversionistas, ya que están construyendo en base a una ilegalidad.
Mientras que Isabel Mateo (Charo) denunció que Planeamiento Urbano, además de emitir los permisos de uso de suelo sin ser autorizados por el Consejo de Regidores, también lo hace de manera arbitraria, sin tener una tabla aprobada o hacerlo como establece la ley de municipalidad.
En tanto que Martínez indicó que, “de manera institucional y legal dimos el primer paso, notificar a Planeamiento Urbano la ilegalidad de la práctica; de ellos seguir con la práctica, vamos a accionar a través de los tribunales”.
Los regidores solicitaron las informaciones vía Libre Acceso la Información de la Alcaldía y a través del contralor general, Inder de Jesús.
