Una gestión salpicada por escándalos

Oscar Quezada / oquezada@editorabavaro.com

Verón. El próximo martes 16 de agosto, Día de la Restauración y de la juramentación de nuevas autoridades, el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana despide unas de las gestiones en el ámbito municipal más cuestionadas de la región Este y de todo el territorio nacional: La misma que desde la Junta Distrital y durante seis años consecutivos lideró Radhamés Carpio Castillo.

Los escándalos de corrupción surgidos en la Junta Distrital Verón- Punta Cana en la gestión del director municipal Carpio Castillo, trascendieron en múltiples ocasiones las fronteras del Distrito Turístico más importante de República Dominicana.

Cuestionamientos por presunto mal manejo de recursos, falta de transparencia en el mandato constitucional de rendir cuentas y su negación casi rotunda a no cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), siempre que la sociedad civil o ciudadanos le exigían hacer públicos los procesos internos que envolvían cuantiosas inversiones, es parte del largo rosario de señalamientos que arrastran los seis años de Carpio Castillo en la Junta Distrital.

Caso Reisa

Uno de los escándalos que salpican la gestión de Carpio Castillo, y que fue destapado por el BávaroNews, fue el contrato suscrito en el 2014 entre la Junta Distrital y la Compañía Reisa. Según este acuerdo, la Junta Distrital tendría que pagarle alrededor de 24 millones de pesos a Reisa, como comisión por cobrar la deuda neta a la compañía Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).

Una nota difundida sobre el tema por este semanario explicaba que Reisa cobraría este dinero para realizar la gestión de recaudación de los ingresos municipales que debe pagar CEPM, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 125-01 General de Electricidad. Según este acuerdo, la compañía Reisa recibiría un 30% de la deuda de CEPM acumulada desde abril de 2012 hasta septiembre de 2014, ascendente a RD$166 millones 100 mil.

Expertos en materia legal de la zona, como el abogado Anderson Peña Hernández, catalogaron entonces este contrato como abusivo, tras indicar que lesionaba profundamente los intereses de la Junta Distrital y, por ende, de los residentes de la comunidad.

Por este contrato, Peña intimó a la Junta Distrital y a CEPM, mediante acto de alguacil, a que se abstuviera de pagar el 30% a Reisa. Peña denunció que ese contrato suscrito entre la Junta Distrital y Reisa se realizó en franca violación a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

A diferencia de otras veces, en que nuca se defendió de otras acusaciones, Carpio Castillo dijo estar seguro de que el contrato con Reisa era totalmente legal. Dijo incluso que â??antes de firmar y de hacer todo lo que teníamos que realizar, revisamos y consultamos con oficinas de abogados importantes, para que nos evaluaran si realmente el contrato que estábamos haciendo con esta empresa podía ser firmadoâ?.

Este contrato con el cabildo fue aceptado y suscrito por los directivos de la Junta Municipal de Verón-Punta Cana, sin Reisa S.A. figurar inscrita en el libro de Registro de Proveedores del Estado, contemplado en el artículo 7 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

BávaroNews quiso conocer en esa fecha la opinión de la directora general de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, quien confirmó que ciertamente Reisa S.A. no figuraba como empresa proveedora del Estado en los registros de esta institución. â??Actualmente, la Razón Social Reisa, SRLâ??RNC 101197749, no se encuentra registrada como proveedora del Estadoâ?, reveló Guzmán.

Guzmán advirtió a Reisa S.A. que, â??en consecuencia, cualquier contrato que se realice con un proveedor que no cumpla con esta condición, conllevará la nulidad del procedimiento que le dio origen al mismo, de conformidad con las disposiciones del artículo 68 del Reglamento de aplicación, aprobado mediante decreto número 543-12â?.

Silencio

En marzo del 2015, también mediante acto de alguacil, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) solicitó a Carpio Castillo, diversas informaciones con apego a la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información, que procuraba establecer la veracidad de una serie de denuncias de irregularidades cometidas en el manejo de fondos provenientes del cobro a la empresa Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), así como a hoteles de la zona.

Era la segunda ocasión que la entidad de la sociedad civil solicita informaciones al Cabildo de Verón y Punta Cana, en la gestión del director Radhamés Carpio. Esa vez, la entidad solicitó informes alusivos al manejo que dio la Junta Municipal de esta demarcación a los recursos recibidos, y que han sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de la comunidad.

Adocco solicitó a la Junta Municipal, de manera formal y apegada a las atribuciones que le confiere la Ley 200-04, informaciones sobre el Presupuesto de ese ayuntamiento del año 2014 y 2015, con la ejecución correspondiente; ingresos provenientes del Presupuesto General de la nación asignado a esa alcaldía, correspondiente al año 2014, y los ingresos derivados del cobro de arbitrios municipales correspondiente al año 2014.

También, nóminas de personal fijo, temporeros, ocasionales y concejales con sus detalles de posición, salario y tiempo, con la totalidad de lo erogado por ese concepto; contratos de alquiler de los inmuebles que utiliza esa junta; Presupuesto Participativo en detalles, con el nivel de obras incluidas y las obras ejecutadas con detalles de la ejecución, costo, persona física o entidad ejecutora y la documentación del proceso de contratación, correspondiente al año 2014.

Triplet Comercial

Otro escándalo que involucra la gestión de Carpio Castillo tiene que ver con una querella interpuesta por la empresa recolectora de basura Triplet Comercial. Esta compañía acusó a la administración distrital de Carpio Castillo de malversación de fondos públicos y abuso de confianza.

También fue acusado de uso inadecuado de nóminas y cobros de arbitrios. El procurador fiscal de La Altagracia, Edwin Encarnación, dijo en la ocasión que la magistrada Laura Guerrero Peletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se encargaría de procesar la querella que presentó la empresa Triplet Comercial a la Junta Municipal de Verón.

El documento fue enviado a la magistrada Guerrero Peletier el 6 de mayo del pasado año, a los fines de que fuera la Pepca que le dé seguimiento al caso, que también involucra a Carpio Castillo en presuntas irregularidades y delitos penales dentro de la Junta Municipal.

â??Siempre que nos encontramos con la posibilidad de este tipo de acusación, por prudencia lo remitimos al organismo especializado en perseguir la corrupción. Esto no significa que Radhamés Carpio, no será investigadoâ?, dijo el fiscal Encarnación.

Ribete nacional

Las conjeturas contra este funcionario municipal tomaron ribete nacional, luego de que en junio del pasado año el programa de investigación de la periodista Nuria Piera hiciera un recuento pormenorizado de varias anomalías que tuvieron como protagonista a este dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En el trabajo periodístico se hizo mención de préstamos y alquileres de inmuebles que hizo Carpio Castillo en nombre de la Junta Distrital. La investigación de Nuria hizo pública la compra de tres vehículos usados por los cuales Carpio Castillo habría pagado en dos años 3 millones 695 mil 482.52 pesos. Según este trabajo periodístico, estos vehículos están a nombre del director de Compras de la Junta Municipal, Carlos Reyes.

En el reportaje aparecen funcionarios de la Junta Municipal defendiendo la integridad de Carpio Castillo y la transparencia con que alegadamente realizó cada una de las acciones, que han sido ampliamente cuestionadas por diversos sectores de esta zona turística.

En este trabajo investigativo surgieron, de igual forma, versiones de que el colegio El Jardín Verde, propiedad de la esposa de Carpio Castillo, paga sus facturas eléctricas a través del ayuntamiento que dirigen su cónyuge. Fueron presentadas facturas por consumo eléctrico del centro educativo por valor de 8 mil 970 pesos, y dos cheques certificados por el Ayuntamiento pagando ese servicio por montos de 12 mil y 67 mil pesos.

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