LA ROMANA. El desorden vial en La Romana es tal que este año se han producido alrededor de 40 muertes por accidentes en motocicletas, esto según el médico legista Benito Kelly. De esos decesos hay dos personas que fallecieron el pasado mes, luego de ser atropelladas por motoristas calibrando. Kelly dijo que esos casos son bastante frecuentes. Precisó que en los dos últimos meses han aumentado las cifras de forma alarmante. Las situaciones que más se presentan terminan con la muerte del motorista o de personas que se ven involucradas en estos accidentes.
El legista señaló que, en especial, los motoristas al estar calibrando en las calles atropellan personas, que por lo regular son mayores de edad, y mueren a causa de los traumas recibidos. “Antes hacíamos levantamientos de cadáveres de motoristas fallecidos entre 5 y 6 por mes. En estos últimos meses ha aumentado hasta 15 cadáveres en un mes. Hay que buscar la manera de como las autoridades podrían tratar de educar y prevenir a los motociclistas a ver si las cosas podrían variar,” expresó Kelly.
El tránsito en esta ciudad de La Romana se ha convertido en un problema mayúsculo para todas las autoridades. Una gran cantidad de motorista toman las calles para realizar carreras clandestinas. Conducen a exceso de velocidad o en contra vía. Se repite constantemente una mala y peligrosa práctica de levantar la rueda delantera del motor. En los últimos años esto ha dejado numerosas pérdidas humanas y familias enlutadas. Hay que destacar que en ocasiones lo hacen en frente de los agentes de tránsito en franco desafío a las autoridades.
CASOS LAMENTABLES
Debido a esta práctica malsana, el día 28 del mes de junio en horas de la noche, perdió la vida la señora Benita Quezada en el sector de Villa Pereira. Ella fue atropellada por un joven. Según dice Vicky Ruiz Quezada, hija de la fallecida, el motorista estaba calibrando, transitaba a alta velocidad y sin luz. Quezada sostuvo que esa situación le ha afectado bastante. Hace nueve años falleció su padre y ahora murió su madre.
Refirió que esta era madre y padre para todos sus hijos. “Yo no estaba en el momento del hecho, pero mi hermana me dijo que ella acababa de salir de la casa de ella para irse a acostar, luego de colar y tomarse un cafecito, porque ella vivía a solo tres esquinas de la casa de mi hermana y cuando iba a cruzar la esquina sucedió el hecho”, dijo compungida. Enfatizó que espera que la justicia le aplique la pena máxima al causante de la muerte de su madre.
Hizo un llamado a los senadores y a los diputados para que legislen por una nueva ley. Precisó que la actual solo contempla 3 años máximos de prisión, porque lo considera como un simple accidente, a pesar de que falleció una persona. Ella ve esto como injusto, porque a su entender se debe ver cómo y en que circunstancia ocurrió el suceso. Otro caso sucedió apenas el día siguiente, el 29 de junio. Ese día también murió por la misma causa la señora Angela Filomena Pie de 70 años, en el municipio de Guaymate. Ella perdió la vida en el mismo lugar del atropellamiento, cuando fue investida por un motorista.
UN GRAN COSTO PARA EL ESTADO
El doctor Enríquez Frías, director del hospital Arístides Fiallo Cabral, afirmó que la principal causa de internamiento en ese hospital es por los accidentes de tránsitos. Contó que, en especial, aquellos que involucran motoristas.
El galeno aseguró que los motoristas consumen casi el 50% del presupuesto e insumos médicos del hospital. Exteriorizó que esa situación obedece a la descomposición social en los hogares. “Realmente da pena y vergüenza que los muchachos y menores de edad anden para arriba y para abajo en esos motores. Muchos no tienen actas de nacimientos, cédula, ni licencia y no hay una autoridad que lo detenga. Hay que mantener mayor vigilancia ante ese desorden”, manifestó el director del hospital.
AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVOS
Sobre esta problemática se consultó al director regional Este de la Policía Nacional, general Ramón Ramírez Encarnación, quien expresó que están coordinando con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), e Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y con otras autoridades. Esto para realizar operativos en conjunto en los lugares que se escogen para realizar carreras y calibrar los motores.
Ramírez les exhortó a los jóvenes a que depongan esas malas actitudes y prácticas, que implementen la prudencia a fin de evitar pérdidas humanas. El coronel Eduardo Escalante Alcántara, director regional Este de la Digesett, expresó que tienen diseñado un plan, el cual implementan cada día, dando seguimiento a aquellos que violan la ley de tránsito. Por ejemplo, transitando a exceso de velocidad, no respetando al peatón, las señales de tránsito y sin la protección adecuada.
Escalante aclaró que esa institución ha realizado varias actividades en las escuelas y sectores a fin de concientizar a los ciudadanos. “Toda persona que sea sorprendida ya sea levantando un motor o realizando carreas en las vías públicas, serán apresados y presentada ante la Fiscalía para que responda por el cargo que se le aplique según la ley”, dijo el director. Precisó también que: “En días pasados sorprendimos a unos jóvenes echando carrera y los motores, al igual que ellos, fueron presentados ante la Fiscalía, que le impuso una medida de dos meses de prisión, y los motores serán retenidos hasta que la Fiscalía ordene que se hará con ellos”.
ABOGADOS PROPONEN SOLUCIONES
El abogado constitucionalista Frank Martínez y la abogada Luz Del Carmen Pilier coinciden en que es una situación complicada, que cada día se va a grabando y que esos casos se convierten en actos de irracionalidad. Martínez indica que se debe de hacer un endurecimiento de la pena y a la vez una campaña de socialización para capacitar a los motoristas, a fin de que no pongan en riesgo las vidas de las personas. “Calibrar un motor es como una especie de iniciar una voluntad hacia la muerte”, refirió.
El abogado explicó que “el Código Penal establece que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio y el legislador puede establecer que calibrar un motor es un principio como tentativa de homicidio y establecer con señales en la ciudad el límite de velocidad para que no se alegue ignorancia”, puntualizó. Es ese mismo sentido Pilier expresó que la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial maneja los casos en que fallece una persona como un accidente.
Indicó que la sanción máxima es de tres años de prisión. Pilier manifestó que esta es la ley más pecuniaria, que tiene que ver más con multas y pagos de salarios mínimos. “Yo entiendo que la ley debe de ser más drásticas y trabajarla entre todos, en especial los congresistas y el Estado, para que al momento de que una persona es atropellada por imprudencia sea catalogado como homicidio voluntario, con pena de 5 a 20 años”, dijo. La abogada además precisó que “el calibrar un motor es lo mismo que salir con una pistola a matar a la calle”.
