PUNTA CANA.- Desde su inauguración el 29 de julio de 2020, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ha sido fuente de controversias, juegos de intereses y denuncias de corrupción, convirtiéndose en un dolor de cabeza para la población dominicana, puesto que el proyecto no goza aun de resultados y beneficios.
Las últimas semanas, la termoeléctrica se coló en el ojo del huracán, tras darse a conocer el contrato de Fideicomiso Público de Punta Catalina (Fideicomiso CTPC) que supuestamente, contempla transferir de forma irrevocable, por el plazo de duración de 30 años los bienes y derechos de esa central termoeléctrica a la Fiduciaria Banreservas. La noticia genera hasta la fecha una ola de cuestionamientos.
Las reacciones no se hicieron esperar luego de confirmarse que dicho documento había sido aprobado por la Cámara de Diputados y, peor aun cuando los propios congresistas admitieron que no estudiaron a fondo el referido documento y explicaron que basaron sus votos a favor alrededor de lo que contenía el informe favorable del proyecto. Una de las reacciones más destacables fue la del expresidente Leonel Fernández, quien mediante una rueda de prensa dijo que el Gobierno le ha faltado explicar en qué consisten los fideicomisos públicos.
Fernández expresó que hay una ley del año 2011 que establece el fideicomiso como una figura jurídica para el ámbito del derecho privado, en lo concerniente a lo inmobiliario y lo hipotecario. No obstante, el Gobierno dominicano aseguró que el Fideicomiso de Punta Catalina no implica privatización, por lo que la Central Termoeléctrica es y seguirá siendo 100% propiedad pública.
Adelantó que, por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, dispuso la constitución del fideicomiso y afirmó que con esta decisión buscan preservar y optimizar la inversión, la administración, la operación y la fuente de pago de las plantas.
PERO ¿CUÁL ES EL USO DE UN FIDEICOMISO?
El fideicomiso está basado en una relación de voluntad y confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este último administra fielmente los bienes fideicomitidos, en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el fideicomitente.
En el caso de Punta Catalina, la medida se tomó mediante el decreto 538-21, donde el presidente Luis Abinader, dispuso la constitución de un fideicomiso público, de administración, inversión, operación y fuente de pago, denominado Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC).
Cabe destacar que, meses antes de la incorporación del fideicomiso de Punta Catalina, ya existían 17 fideicomisos públicos que en conjunto administraban más de 38 mil millones de pesos dominicanos, según explica Christian Molina, socio en Ecija DVMS y presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, en un artículo publicado en el periódico Listín Diario (21 de enero de 2022).
El comité técnico está integrado por el empresario Celso Marranzini, quien fungirá como presidente, José Luis Actis, vicepresidente este también se desempeña como asesor económico del Ministerio de Hacienda, también formar parte de este grupo, Noel Rafael Báez Paredes, quien es director jurídico del Ministerio de la Presidencia, los demás miembros son el empresario John A. de Armas, y George Ángel Reinoso Núñez, ex superintendente de Electricidad y experto en energía.
