VERON. Desde que se instauró una nueva y reformada Procuraduría General de la República (PGR), ya han sido tres las operaciones de investigación por asuntos graves de corrupción administrativa. Esta semana, explotaron tres casos que mantuvieron en vilo a la opinión pública e indignaron a una sociedad que exige una penalización efectiva ante estos delitos.
La “Operación Anti-Pulpo” fue una de las primeras y se realizó el año pasado con la detención por señalamientos de corrupción administrativa y proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas. También, la “Operación Caracol” con la investigación a miembros de la Cámara de Cuentas por varios delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.
Igualmente, la más reciente: “Operación Coral”, de la cual el día de ayer se continuó el conocimiento de la medida de coerción y se aplazó para el próximo lunes cuando la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dicte la medida por acusaciones de la creación un entramado societario, militar, civil y religioso que incurrió en estafa contra el Estado, entre otras implicaciones.
Sin embargo, esta semana el país sufrió un duro golpe, pues, a parte del caso de la “Operación Coral”, se destapó la denuncia de un fraude millonario de la Lotería Nacional en los sorteos, donde “delincuentes” manejaron los bolos de los números ganadores en sorteos son televisados y supervisados por testigos presenciales.
Asimismo, generó alarma en la población el sometimiento de personas y colmados por desfalco y estafa en perjuicio de beneficiarios de tarjetas de los programas sociales del Gobierno. El día de ayer, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) apresó a una mujer que presuntamente está implicada en la estafa al programa social “Quédate en Casa” cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional las Américas José Francisco Peña Gómez.
Por el caso, unas 20 personas han sido sometidas a la justicia acusadas de participar en esta supuesta defraudación millonaria al programa, cuya acción que implica la sustracción de RD$294 millones, desde que se inició el plan en abril de 2020.
Mientras, la procuradora Miriam Germán Brito, por su lado, cuantificó en más de 400 el número de expedientes de corrupción viejos, y al menos 100 nuevos que están bajo investigación de la Procuraduría.
Según un informe divulgado por Transparencia Internacional (TI), en enero de 2020, en el cual se midió el nivel de corrupción de 180 países diferentes, el país ocupó el puesto 29 permaneciendo entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo.
