Oscar Quezada, oquezada@editorabavaro.com;
SANTO DOMINGO. Juan José Martínez está vivo para contarlo. Era un sábado por la mañana de enero de este año, cuando dos delincuentes armados lo encañonaron para exigirle que debía entregarle su moderno teléfono “inteligente” que había comprado tres días antes.
Con una pistola nueve milímetros apuntando a su cabeza, este joven residente en el barrio Calero, del sector Villa Duarte de la capital, no tuvo otra opción que entregarle el celular que había adquirido por 15 mil pesos. Juan José pasó así a engrosar el voluminoso registro de víctimas de un crimen que crece indetenible: el robo de celulares a mano armada.
Actualmente, el robo de teléfonos es uno de los delitos más frecuentes en República Dominicana. Según datos de la Policía Nacional, la sección de Robos de Celulares de esa institución recibe cada día entre 30 y 60 denuncias de personas que han sido víctimas de asaltos para quitarles estos aparatos, que según la marca pueden llegar a costar hasta más de 40 mil pesos.
La Policía Nacional lleva años desmantelando bandas dedicadas al robo de celulares en todo el país.
Sin embargo, a simple vista, el robo de celulares no arroja toda la información que se esconde tras este delito. Y es que el despojo de estos aparatos a punta de pistola es una actividad criminal que envuelve la complicidad de propietarios de tiendas de ventas de celulares, quienes se prestan para comprarlos conscientes de su procedencia dudosa. Esos dueños de tiendas son los que finalmente se benefician considerablemente de este crimen. Pues, una vez obtienen el aparato, que el delincuente ofrece a precio relativamente insignificante, esos vendedores los revenden, dentro y fuera del país, a un costo que supera con creces el monto por el que lo adquirieron.
Pero, ¿cómo se realiza este negocio fraudulento? Una vez los delincuentes despojan del aparato a sus legítimos propietarios, los dueños de tiendas de celulares proceden a borrarle el Imei de los equipos reportados como robados, que es el primer paso para estos “negociantes” obtener grandes beneficios de forma tramposa. El Imei (en inglés International Mobile Equipment Identity -identidad internacional del equipo móvil), es un código pre-grabado que tienen los teléfonos móviles. Es decir, el Imei es un código cuya función principal es identificar a los teléfonos móviles a nivel mundial, que en la mayoría de los casos consta de 15 cifras.
Esto quiere decir, que en caso de robo o pérdida del celular, a través del Imei la compañía telefónica que use el propietario del aparato sabrá quién y desde dónde hace la llamada la persona que encontró o sustrajo el celular. Una vez el teléfono robado llega a sus manos, los dueños de tiendas proceden a borrar este código, para despistar a las autoridades que persiguen a los que se dedican a esta actividad criminal.
Para borrar el Imei, los dueños de tiendas utilizan las mismas cajas y software que usan para reparar y dar servicios a equipos celulares. Por ejemplo, si el precio de un teléfono nuevo marca Samsung Galaxi S4 es de 32 mil pesos, el delincuente que lo robó lo vende entre 6 mil y 7 mil pesos al dueño de tienda que se presta para ese pillaje.
Informes recabados por El Tiempo indican que ese mismo celular las tiendas pueden venderlos a un tercero a un precio de hasta 20 mil pesos o más. Algunos asaltantes corren el riesgo de pagar a las tiendas el “blanqueo” del Imei, que en ese caso les cobra entre 700 y mil pesos por ese trabajo, y venderlos ellos directamente al usuario para así obtener mayores beneficios.
Con la resolución 137-09, creada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) se creó el Sistema de Series Negadas, para impedir la activación de equipos que hayan sido reportados como robados o extraviados. Pero esto no ha podido frenar el temible avance de este flagelo.
Consecuencias
Sobre esta problemática que mantiene en pánico a los usuarios de teléfonos móviles, el presidente de la Asociación de Dueños de Tiendas de Celulares (Aduticel), Nilson Pichardo, habló con este medio y citó algunos aspectos que a su juicio trae como consecuencia este crimen.
“Lo primero es que el robo de celulares perjudica el sector que usamos dichas herramientas de trabajo de manera licita, pero también genera que aumenten significativamente los robos y atracos de los equipos móviles y posteriormente sea imposible su localización. Además de que estos factores incrementan la criminalidad en el país”, sostuvo Pichardo.
Para solucionar esta situación, Aduticel propone organizar a todo el sector dedicado a la venta de celulares, con la supervisión de esa entidad y el Indotel, otorgándoles una licencia que les permita operar de manera legal. La iniciativa surge partiendo básicamente de que, de acuerdo a un levantamiento hecho por Aduticel, a nivel nacional existen más de 2000 mil tiendas de celulares.
Esta licencia permitirá que los propietarios de tiendas tengan permiso de operar las cajas y software que se utilizan para dar servicio de reparación de equipos. “Aduticel se compromete a estar vigilante para evitar que le den un uso correcto”, asegura Pichardo. Explica que si el Indotel acepta su propuesta, Aduticel se encargaría de instalarle un software a las computadoras en las tiendas de celulares que tengan permiso para operar, para monitorear que los programas computarizados que usan para reparar teléfonos móviles no sean para blanquear sus Imei.
Víctimas mortales
-Ramón Antonio Torres Martínez, sargento mayor de la Policía. En abril del 2014 recibió dos disparos en Villa Francisca, Distrito Nacional.
-Mario Alberto Rosa Cortorreal, estudiante de publicidad, fue asesinado en mayo del 2013 en el sector de Herrera.
-Jiménez Montero Montero, de 68 años de edad, lo mataron a tiros en San Juan de la Maguana, en julio del 2012.
-Vivis Shang Rodríguez, segundo teniente de la Policía. Tiroteado en abril del 2011, en el Mirador Sur de la capital.
-Evel Joel Feliz Gómez, ultimado en abril del 2011, en el municipio de Haina.
-Un joven de 16 años identificado por su apodo Kikilo cayó mortalmente herido en Boca Chica, también en abril del 2011.
-José Miguel Brazobán Guerrero, baleado en marzo del 2007 en la capital, tras salir de recibir clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
-José Mercado Guzmán, estudiante de Comunicación Social, en la UASD, muerto a tiros en el municipio de Esperanza, Valverde, en marzo del 2007.
-Manuel Enrique Pérez Peña, muerto a tiros en abril del 2007. Este hecho ocurrió en Santiago. Era estudiante de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (UTESA). Recibió varios disparos.
