Oscar Quezada oquezada@editorabavaro.com
SANTO DOMINGO. El supuesto embargo que hace dos semanas intentaron materializar un abogado y un alguacil al hotel Playa Nueva Ro- mana, acompañados de más de cien personas, parece revivir una práctica considerada ilegal y perturbadora para los inversionistas del sector turístico nacional, especialmente para los de la zona Este del país. Lo ocurrido al hotel propiedad de la cadena hotelera Bahía Príncipe fue evitado gracias a la oportuna intervención de agentes adscritos al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y la Policía Nacional. En esa ocasión, fueron apresados y sometidos ante el departamento Judicial de San Pedro de Macorís los señores José Salas Castillo y Ogando Ciprián, identificados como alguacil y abogado del Estado, respectivamente, y el sargento mayor policial Víctor Mieses Silvestre. Pero, ¿en qué consiste esta práctica y quién la patrocina? Investigaciones realizadas por El Tiempo dan cuenta de que estas acciones las organizan y planifican abogados laborales, que utilizan alguaciles y a cientos de personas dizque afectadas, para cobrar supuestas deudas laborales que son desconocidas por propietarios y gerentes de importantes cadenas hoteleras.
El propósito de los abogados es que los propietarios del establecimiento demandado no se enteren de que será embargado, para que no puedan iniciar mecanismos de defensa o negociaciones en el marco estrictamente legal.
La razón por la que estos propietarios de hoteles desconocen de estos embargos sorpresivos, es porque nunca son notificados de los mismos ni les son reclamadas, mediante el debido proceso, esas deudas que sirven de pretexto para que esos abogados, alguaciles y la turba que suelen acompañarlos ejecuten esos embargos. El propósito de los abogados es que los propietarios del establecimiento demandado no se enteren de que será embargado, para que no puedan iniciar mecanismos de defensa o negociaciones en el marco estrictamente legal. De esta manera, estas acciones los sorprenden casi siempre de forma violenta, lo que afecta el clima de paz, confianza y seguridad que por su naturaleza exige la industria turística. Informes confidenciales suministrados a este semanario señalan que esos abogados se las ingenian para conseguir citaciones fantasmas para los afectados; sentencias favorables fuera de jurisdicción y otras irregularidades de carácter judicial, para llevar a cabo confiscaciones por los que cobran considerables sumas de dinero. La mayoría de estos embargos se producen en hoteles de complejos turísticos importantes de la provincia La Altagracia y La Romana, donde sus propietarios y gerentes han tenido incluso que apelar al auxilio inmediato de los organismos de seguridad apostado en esas demarcaciones. La turba que acompaña a los abogados y alguaciles responsables de estos embargos irregulares es gen- te presuntamente afectada por deudas laborales contraídas por esos hoteles. Sin embargo, un informante de un importante organismo de seguridad dijo a El Tiempo que estos episodios se convierten en la práctica en hechos vandálicos, porque no solo participan supuestos afectados sino personas que aprovechan para “colarse” en estos grupos y cometer sus fechorías. En Playa Nueva Romana, según fotos suministradas por el CESTUR a este semanario, los abogados y alguaciles, sin presentar una orden de la autoridad judicial competente, sacaron diversos mobiliarios fuera del hotel, con la finalidad de llevárselos para sus casas. Esta situación causó gran intranquilidad entre los turistas hospedados en ese hotel, por temor a que esta abrupta intervención degenerara en peligro para su integridad física.
Hoteleros reaccionan
Luego de una historia publicada por El Tiempo sobre la forma en que fue ejecutada la supuesta orden de embargo en el hotel Playa Nueva Romana, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) expresó su preocupación por la reaparición de esa práctica, que denomina como “embargos- asaltos”. Esa entidad entiende estas acciones han afecta- do los establecimientos hoteleros y pidió a la Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría General de la República, al Consejo de Poder Judicial y la Policía Nacional adoptar medidas contundentes para erradicar esta práctica. “Los embargo asaltos son un tema recurrente, y son posibles porque se adulteran los procedimientos en los procesos judiciales, porque funcionarios de la justicia y miembros de la Policía se pres- tan para estas acciones, que son realizadas con violencia y constituyen una peligrosa amenaza para la imagen del país y el turismo”, sostiene ASONAHORES. Esta organización apunta que ha denunciado esta situación con anterioridad, preocupada por el efecto que estas acciones violentas pueden tener en el flujo de visitantes y en el daño que puede provocar al país como destino de inversión. Entiende que si se quieren desarrollar nuevas zonas turísticas y aumentar el número de visitantes, hace falta la inversión externa. A raíz de lo ocurrido en Playa Nueva Romana, el presidente de la cadena hotelera española Bahía Príncipe, Pablo Piñero, pidió al presidente Danilo Medina intervenir ante esta situación. Piñero plantea en una carta enviada al mandatario que no quiere si quiera imaginar que alguno de estos atacantes “dispare a un turista y cause alguna muerte, cosa que puede pasar muy fácilmente”. Estima que los “daños serían incalculables”.
General Amílcar Fernández, director general de CESTUR.
Antecedentes
Vale recordar que hace tres años, en el 2011, una turba similar acudió en compañía de abogados y alguaciles a dos hoteles de Punta Cana, para perpetrar lo que más parecía un asalto disfrazado de una acción legal. En uno de esos hoteles se hospedaba un grupo de extranjeros mayormente franceses, que gustan hacer turismo en familia. Ese día, los ejecutores del supuesto embargo sacaron a todos los huéspedes del hotel, unos 600 franceses en total, y no conforme con semejante atropello la turba les quitó parte de sus pertenencias, como cámaras fotográficas y otras propiedades. Entre el 2009 y 2013, en la zona Este se reportaron alrededor de 12 casos de este tipo, en que los hoteles fueron embargados en operativos con características de asalto, sin que se cumplieran los requisitos que establece la ley, para evitar que esos establecimientos ejerzan su derecho a defensa. Para ejecutar estas acciones, los presuntos de- mandantes recurren a lo que en la jerga legal se conoce como “notificaciones en el aire”, que son hechas por alguaciles que hacen firmar la nota de aviso a supuestos emplea- dos de las empresas embargadas.
