PUNTA CANA. El día 5 de agosto del 2004, los Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado de Libre Comercio-República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA).
Como se informó entonces, ese tratado obligaba a los socios a poner en marcha un programa de desmonte, reducción o eliminación de aranceles para las importaciones de productos de todos y cada uno de los países firmantes.
También permitía que cada país protegiera durante un tiempo adecuado aquellos productos que considerara estratégicos. Concluido ese tiempo, los aranceles debían de ser desmontados. Para el arroz de República Dominicana la eliminación de la protección
arancelaria empezará en el año 2025.
El Gobierno, de común acuerdo con los productores de arroz, se ha propuesto la meta de lograr una renegociación en el DR-CAFTA que, si bien no elimine la obligación de desmontar los aranceles para las importaciones del cereal, por lo menos sea pospuesta, que es lo que en estos momentos se busca ejecutar.
De llegar el 2025 y el país no logre alargar la aplicación de este tratado, con el tema arroz, República Dominicana podría vivir una significativa importación de arroz desde Estados Unidos afectando considerablemente a los productores.
Los productores entienden que procede una revisión del tratado, en vista de que se considerarán afectados por importaciones y masivas de estos bienes producidos a muy bajo costo, generalmente subsidiados en Estados Unidos, según afirman.
¿QUE IMPLICA ESTE PROCESO DE REVISIÓN?
Los 22 capítulos del tratado de libre comercio firmado por cinco países centroamericanos, Estados Unidos y República Dominicana (el DR-Cafta) requieren por obligación del visto bueno de todos los miembros para ser revisados, porque se trata de un acuerdo multilateral asumido por los países latinoamericanos como un bloque (grupo de naciones).
Los acuerdos multilaterales como el DR-Cafta están asentados en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ningún miembro, por tanto, de manera unilateral puede restringir las importaciones de productos sujetos a desgravaciones, como tampoco importar bienes
originarios de otros para exportarlos hacia otros mercados porque se caería en “triangulación”, lo que también es sancionado en la OMC.
Sin embargo, cualquiera de los miembros que se sientan gravemente impactado por grandes volúmenes de importación que superen la capacidad del país de destino, puede notificar a las partes su intención de que se le conceda una salvaguardia a determinado producto básico.
¿QUE IMPLICA ESTE PROCESO DE REVISIÓN?
Los 22 capítulos del tratado de libre comercio firmado por cinco países centroamericanos, Estados Unidos y República Dominicana (el DR-Cafta) requieren por obligación del visto bueno de todos los miembros para ser revisados, porque se trata de un acuerdo multilateral asumido por los países latinoamericanos como un bloque (grupo de naciones).
Los acuerdos multilaterales como el DR-Cafta están asentados en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ningún miembro, por tanto, de manera unilateral puede restringir las importaciones de productos sujetos a desgravaciones, como tampoco importar bienes
originarios de otros para exportarlos hacia otros mercados porque se caería en “triangulación”, lo que también es sancionado en la OMC.
Sin embargo, cualquiera de los miembros que se sientan gravemente impactado por grandes volúmenes de importación que superen la capacidad del país de destino, puede notificar a las partes su intención de que se le conceda una salvaguardia a determinado producto básico.
Durante el inicio del tratado, el Gobierno de Estados Unidos facilitó a los miembros de la región centroamericana y a Dominicana una ayuda técnica conocida como “Trade Capacity Boulding” (capacidad comercial) para que los productores se fueran preparando y
sugirió aplicar asociatividad para facilitar la competitividad agrícola. El tratado contempla un plazo de 25 años para los productos protegidos bajo la ICC o CBI (Iniciativa para
la Cuenca del Caribe) que entraron libres con la llegada de China al comercio internacional en 2005, y que además abarca a los ocho de la Rectificación Técnica (arroz, azúcar, habichuelas, maíz, ajo, cebolla, leche en polvo y carne de pollo), lograda mediante el Acuerdo de Agricultura.
PRODUCTORES Y CONSUMIDORES, LOS MÁS AFECTADOS
Para el economista Rafael Espinal, tanto los productores como los consumidores se verían seriamente afectados por la aplicación del DR-Cafta en 2025, en caso de que el país no logre un acuerdo con los Estados Unidos.
En el caso de lo
En el caso de los productores, se afectan por la competencia que implica el arroz importado de la nación norteamericana lo cual incide en la colocación en el mercado la
producción local.
“El arroz en Estados Unidos es un arroz subsidiado, aunque en la práctica los precios son superiores a los de la República Dominicana, incluyendo costo de transporte y
otros conceptos”, explicó.
El economista sostuvo que los arroceros dominicanos tienen en los actuales momentos una condición “monopólica” y son subsidiados a través del Banco de Reservas en lo que es el
mecanismo para garantizar la oferta en el mercado. A su juicio, el Estado dominicano dejó pasar 20 años para prepararse y el grito de los arroceros es extemporáneo
Indicó que en el caso de los consumidores la situación actual los perjudica porque le garantiza unos precios al productor superiores al mercado si las importaciones, no solo de Estados Unidos sino de Asia, fueran libres.
“El consumidor está pagando un sobreprecio y yo soy partidario de las libertades de mercado y si el Gobierno tiene que garantizar ganancias al productor entonces que los subsidie”, afirmó Espinal.
En tanto que, el economista Alejandro de Jesús, destacó que el país tiene ahora un grave problema con el mercado del arroz porque cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana (DR-Cafta) había la posibilidad de hacer una rectificación técnica de ese producto, pero se aceptó su desgravación total para el año 2025.
“El país no aprovechó esa ventana para mantener algún nivel de gravamen para el arroz que entraría de Estados Unidos, país que además logró incluir subsidios para sus productores que son legales.
La situación aquí no se visualizó y si se visualizó no se hizo el trabajo que debió realizarse como era mejorar la productividad del arroz durante esos 20 años para poder competir con los americanos”, manifestó De Jesús.
En cuanto a la posibilidad de acudir a la OMC, advirtió que hay una debilidad porque los americanos la debilitaron luego de perder “varios procesos en el órgano de apelación y lo han neutralizado. No han aprobado nuevos jueces, es decir si se lleva un caso a la OMC se quedaría como una zona gris”.
Ante la inminencia de la eliminación total de aranceles al arroz, este economista sostiene que “el gobierno debe de ver los costos y precios que hay entre ambas naciones y verificar qué se puede hacer para mejorar el nivel”.
GOBIERNO Y LAS ALTERNATIVAS
El Gobierno desde el mes pasado se ha mantenido en reuniones para explorar posibilidades de mitigar los efectos de la liberación arancelaria por el DR-Cafta. La última reunión fue el 21 de marzo, donde no se informaron las primeras acciones a ejercer. Se dijo que no permitirá que se abra el mercado en la parte arrocera y que sobre
todo protegerá la producción nacional del cereal.
“Que esto esté claro, que vamos a proteger la producción nacional y más
en estos momentos donde cada país tiene que garantizar la seguridad alimentaria”, enfatizó el presidente Luis Abinader. Una de las acciones, es que el Gobierno busca apoyo de instancias internacionales.
El Parlamento Centroamericano respaldó el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta que ha iniciado la República Dominicana a favor de la protección de la producción arrocera. Esto así, ante la potencial desgravación arancelaria que vendría a favorecer la importación masiva del cereal, lo que afectaría la recuperación económica post pandemia.
Más de 30,000 productores de 21 provincias y 35 municipios se dedican al cultivo de arroz, siendo este rubro el principal motor de su economía local. Su siembra y el procesamiento del grano genera más de 80,000 empleos y cerca de 320,000 empleos directos.
En República Dominicana existen unas 300 agroindustrias o factorías del cereal y una cadena muy larga de otras empresas pequeñas, medianas y grandes que comercializan el producto.
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