HIGÜEY. Luego de la tragedia de la cárcel pública de Higüey, el 6 de marzo del 2005, donde murieron 136 presos, las autoridades e instituciones competentes al caso no dieron a conocer ningún informe a la sociedad. Hoy, 16 años después, la población tiene más dudas que respuestas sobre este hecho trágico que marcó para siempre la vida de los higüeyanos.
El presidente de los Derechos Humanos a nivel local, Rafael Castillo, dijo que cuando sucedió el hecho no hubo ningún tipo de atención hacia los familiares de las víctimas, ni se rindió informe explicando qué fue lo que pasó verdaderamente. “Nosotros nunca nos hemos dado cuenta verdaderamente de qué fue lo que pasó en esa preventiva. No hemos podido saber, aún después de todo este tiempo”, argumentó Castillo.
Indicó que cuando sucedió la tragedia no se dieron ningunas explicaciones por parte de las autoridades, y que el pueblo no se levantó y ni exigió ningún tipo de explicación en relación a este hecho y todo eso definitivamente se quedó así.
El presidente de los Derechos Humanos a nivel local, señaló que intentaron investigar con las autoridades y los policías que estuvieron durante el siniestro, pero tampoco les decían nada. “Intentamos investigar porqué se quemaron tantas personas, qué se hizo desde que comenzaron los gritos, por qué se permitió que los privados de libertad sufrieran y convivieran una realidad de esa naturaleza, el por qué no se le dio socorro a tiempo”.
Dijo que las únicas explicaciones que obtuvieron fue la de algunos de los reclusos que sobrevivieron al desastre, y estos sólo le decían que ellos gritaban y nadie quería abrir los candados. Además se le explicó que alrededor de la 1:00 de la madrugada un oficial de la Policía Nacional, del cual Castillo no recordó exactamente el rango, dijo que aunque cayera preso iba a romper los candados y así lo hizo, razón por la cual se salvaron algunos de los reclusos.
Castillo argumentó que ellos como Derechos Humanos responsabilizan a la Policía Nacional, porque ellos eran quienes custodiaban esa cárcel, además de las autoridades que se encontraban de cerca trabajando con los reos. Jacobo de La Rosa, miembro de la Policía Nacional pensionado, dijo que esta situación que se provocó fue por asuntos de intereses dentro del penal, pues siempre había un grupito que se dividía el control dentro de la cárcel y esto motivó el incendio.
El ex oficial señaló que una pistola fue encontrada debajo de los escombros luego del incendio, de la que nunca se supo cómo entró la pistola, ni quién la introdujo al penal, por lo que eso se quedó así hasta el día de hoy. Explicó que él era parte de la custodia que no estuvo ahí en el momento del incendio, pero que entró al día siguiente a las 5:00 de la mañana, empezó entonces a hacer el trabajo que tenían que hacer ante la situación que se había presentado.
De la Rosa señaló que, quizás, no habría tantas muertes como se dieron, si las autoridades que custodiaban esa noche no hubieran tenido miedo. Según manifestó era un personal nuevo que custodiaba el recinto y no supieron manejar la situación. “Cuando suceden estos casos, las autoridades lo que normalmente hacen es tirarle bombas para lograr que éstos se tranquilicen, y no acuden a abrir los candados al mismo tiempo o a tumbarlos. Lo que hacen es turbarse, porque tienen miedo a que se vayan a fugar y lo vayan a presionar, por lo que, si hubiese habido otro tipo de custodia esa noche no ocurren tantas muertes”, exteriorizó el ex oficial.
OTRA MIRADA
Ante este hecho, el periodista Baldy Cabrera, aseguró que él y otro colega fueron los primeros en llegar e incluso fue primero que las autoridades pertinentes. “Cuando se dijo que había un fuego en la cárcel, yo te puedo decir que no se movió el Cuerpo de Bomberos que estaba ahí mismo al frente. Las autoridades en la anoche no se movieron tampoco, ningunos, ni Gobernación, ni Ayuntamiento, ni el procurador fiscal, ni nadie por el estilo”, aseveró.
Cabrera comentó que el coronel que estaba de puesto en Higüey era de apellido Ten y se había ido de fin de semana y vino al día siguiente, mientras que, las instituciones de socorro que tenían adentro no quisieron decir lo que estaba pasando. El periodista explicó que todos estaban confabulados para no explicar en detalle lo que había pasado y cuando se les preguntaban qué había sucedido, cómo había sucedido el incendio, nadie decía nada.
“En realidad, antes del incendio, hubo un tiroteo y no se supo nunca exactamente cuántas muertes hubo entre los presos y ellos guardaron eso hasta el otro día siguiente en la mañana cuando ya no había tiempo de hacer absolutamente nada, ya los reos estaban calcinados”, apuntó. Cabrera detalló que se mantuvo todo eso allí callado entre las autoridades “y más cuando vinieron los de la capital porque tenía miedo de lo que sucediera”. Narró que él y su compañero tuvieron que llamar a todos los programas matutinos de Santo Domingo, radiales, televisivos y prensa escrita.
EL FISCAL DE TURNO
Lucas Pérez José, quien era el fiscal titular de La Altagracia en ese tiempo, informó que para él fue dramático ver una gran cantidad de seres humanos quemados, pero que sacaron la gran mayoría vivos.
Sostuvo que cuando entraron a la celda sin energía eléctrica, con aquella oscuridad para verificar si quedaba alguien con vida se chocaron en una esquina con un paquete de cuerpos que se aglomeraron uno encima del otro.
Todo eso era al parecer tratando de salvarse. En ese momento fue donde detectaron 51 personas quemadas. Pérez expresó que lo que hizo como procurador fiscal fue llamar a todos los organismos y las autoridades para que le ayudaran.
Según contó había que transportar una gran cantidad de personas que estaban vivos, pero con quemaduras de alto grado y darle socorro en el hospital, pues había que hacer lo que fuera necesario para preservar la vida a estos.
Comentó que al unísono tenían que cuidar lo que estaban en buenas condiciones para que no fueran a escaparse. El fiscal manifestó que cuando llegaron los bomberos tuvieron muchos problemas y tuvieron que entrar la manguera por el espacio donde está la Gobernación y la Fiscalía, pues los barrotes de la celda eran estrechos y no cabía la cabeza de la manguera para echar el agua.
Tuvieron que empezar a regar el agua de frente, hasta que pudieron romper la verja. “Tratamos de salvar a los que estaban vivos, ya luego en la mañana llegaron las autoridades de Santo Domingo. También habían traído las fundas, lo que hicimos fue ir contando los cadáveres y los fuimos llevando al hospital para que los familiares lo fueran identificando”, expuso.
Reveló que, aunque no recuerda dato en específico, en esa celda había alrededor de 750 personas recluidas. Manifestó que todos los organismos encabezados por la Procuraduría General de la República realizaron su informe general de todo lo sucedido. “Esto ocurrió por un pleito entre dos internos y parece que había un interno que tenía una pistola, y le dio dos disparos a otro interno. Luego otros incendiaron un colchón y ahí fue cuando se incendió la celda e incluso para lograr entrar tuvieron que romper los candados”, expuso. Pérez explicó que el arma de fuego apareció entre los escombros.
Sustentó que después de realizarse todos los informes y en la medida que la investigación iba surgiendo con el interrogatorio de los reclusos sobrevivientes, se fue demostrando los que eran culpables, los cuales fueron procesados y condenados. Unos a 30 años, otros a 10 años y otros a 15 años, dependiendo de la culpabilidad.
El ex fiscal indicó que en esta situación no se puede hablar de negligencia por parte de las autoridades, pues, si es cierto que los reclusos no estaban cómodos, y que se tenía una deuda de aproximadamente 100 años en que se venía pidiendo una cárcel y nunca se había podido construir.
Expresó que esto fue más bien negligencia de los propios internos que estaban ahí. “Si no hubiese logrado entrar el arma de fuego por la parte de atrás, dónde está actualmente el parqueo que divide la Fiscalía y la Gobernación, que fue por donde le pasaron el arma de fuego al recluso, así lo explicó él mismo detenido durante el proceso de investigación; no sucede esta situación”, aseguró Pérez.
Comentó que el arma la amarraron y el preso la fue halando, hasta que la tenía en su poder, por lo que, según Pérez, esto demuestra que no fue negligencia del Gobierno. Exteriorizó que esta tragedia trajo como resultado la construcción de la cárcel modelo o cárcel de Anamuya, como es conocida popularmente.
