Extranjeros residentes en el país cargan la peor parte de esta pandemia: ser excluidos de los programas sociales del Gobierno

Verón. – La crisis sanitaria generada por los contagios y fallecimientos por el COVID-19 ha paralizado casi por completo a la totalidad del territorio nacional y del mundo, lo que ha hecho que el Gobierno dominicano haya implementado diversas acciones para garantizar ayudas a aquellas familias en situación económica vulnerable. Los programas sociales, en su mayoría, están destinados a los ciudadanos de República Dominicana, y no así a los extranjeros de diferentes nacionalidades, que en años anteriores vieron en este país una oportunidad de invertir, trabajar, residir, formar una familia y rehacer sus vidas. Sólo el recién creado Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) puede abarcar los ciudadanos no dominicanos, pero que ante el Estado posean un estatus migratorio regular, y la empresa para la cual laboren cumpla con las formalidades de operación ante las instancias correspondientes. Es decir, quienes permanezcan de manera ilegal y formen parte del sector informal, no los abarca el FASE ni ningún otro programa social. Sin embargo, la asistencia en los servicios de salud públicos sí abarca todos los extranjeros en su totalidad, y por tanto, ante cualquier situación de contagios de coronavirus y otras enfermedades, serán debidamente atendidos. También, las ARS afilian y garantizan a estos ciudadanos dichos servicios de salud en las clínicas privadas. Extranjeros de distintas nacionalidades, al ser suspendidos de sus empleos sin goce de salarios, y al ver la paralización de la actividad comercial, así como de lo que toda esta crisis generará en la economía dominicana, han retornado a sus países de origen o formalizado ante la respectiva misión consular el traslado al territorio de nacimiento. Los que todavía están en República Dominicana, tratando de sobrevivir a larga cuarentena, se reinventan y han tratado de hacerle frente a todo esto, vendiendo helados, comida a domicilio, mascarillas, guantes y algunos de la ayuda de quienes poco o mucho apelan a la solidaridad mediante donativos. Un informe suministrado a este medio, denominado â??Realidades y desafíos de la población migrante en República Dominicana en el contexto de las medidas frente al COVID-19â?, elaborado la primera semana de este mes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), instancia perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), asegura que el mayor impacto para los migrantes ha sido económico. [caption id="attachment_49941" align="alignleft" width="300"] La población venezolana en el país, en su mayoría, laboraban para el sector informal dado a su condición migratoria irregular.[/caption] Los más afectados son los ciudadanos haitianos y venezolanos, que representan la mayor cantidad de extranjeros en territorio nacional. La mayoría de ellos desempeñaban diferentes oficios vinculados al sector construcción, restaurantes, jardinería, agricultura y comercio. Retornos La OIM, en su informe, indica que tres de cuatro migrantes registrados en el Plan Nacional de Regularización, que incluye unos 144,413 extranjeros, en un 98% de nacionalidad haitiana, han perdido sus ingresos y no están cubiertos por las medidas de mitigación del impacto económico anunciado por el Ejecutivo dominicano. â??Esto, debido a que sus actividades no son formales y tampoco hacen parte de los programas de asistencia social del Gobierno, que van dirigidos a la población dominicana en condición de pobrezaâ?, destaca la OIM. En ese sentido, el informe señala que durante el pasado mes de marzo la Dirección General de Migración (DGM) estimó en más de 4,600 los retornos voluntarios, básicamente de la población extranjera más numerosa en el país, que es la haitiana. Los retornos voluntarios masivos son una salida angustiosa que conlleva un retorno sin opciones de mejorar la condición de vida. La OIM hace mayor énfasis en la vulnerabilidad de los haitianos, y los más de 90 mil venezolanos en condiciones migratorias irregulares. [caption id="attachment_49940" align="alignright" width="300"] Gran parte de los haitianos laboraban para el sector construcción, pero las diferentes obras también quedaron suspendidas.[/caption] Para la primera semana de abril, la DGM calculó que 6,231 haitianos han retornado voluntariamente por los puntos autorizados de paso en la frontera. La semana pasada, en la comunidad de Villa Playwood, en Verón-Punta Cana, específicamente, un grupo de estos extranjeros protestaron para que sean repatriados a su país. Los haitianos, con pancartas en mano, aseguraron que en República Dominicana no tienen comida ni tampoco trabajo, como muchos en la zona, a causa de la paralización que han sufrido algunas empresas. Los venezolanos ha sido el segundo grupo de extranjeros más numerosos que han externado su petición de ayuda, pues diversas asociaciones que congregan a estos ciudadanos han manifestado sus necesidades al Gobierno dominicano, en aras de obtener beneficios para el acceso de alimentos y otros programas. Dramas Miguel Pirela, presidente de la Asociación Churum Merú, que agrupa a venezolanos en Verón-Punta Cana, destacó que buena parte de estos extranjeros laboraban en establecimientos de carácter informal por su estatus migratorio. Ante la dura situación que enfrentan, han decidido como organización ayudar a sus compatriotas en garantizar alimentos, ya que muchos incluso con familias, han quedo sin empleos y por tanto sus opciones de ingresos monetarios se han visto paralizadas. Pirela dijo que trabajan con un estudio social para determinar cuál es la situación real de los venezolanos en la demarcación turística, con el fin de brindar asistencia. Hasta el momento unas 70 personas les han garantizado fundas de alimentos básicos. Antonio Farías, representante de la organización Colombianos Unidos, explicó que residentes de su nación en Punta Cana y Santo Domingo han realizado gestiones ante la Embajada de Colombia, con el fin de regresar a su país. En el caso de estos extranjeros, la razón principal por la que quieren regresar es porque buena parte laboraban de manera informal, y al verse obligados a suspender sus trabajos no tienen asistencia de ningún tipo para sobrevivir en República Dominicana. â??Muchos de ellos no tienen familias aquí; se les está cobrando los alquileres de viviendas, y con esta difícil situación no les queda de otra que irse a nuestro paísâ?, precisó Farías. Marta Arica, representante de la Asociación de Chilenos en República Dominicana, manifestó que al menos 25 compatriotas que por años vivían en el país han expresado su intención de retornar a Chile, ya que a su juicio ven más oportunidades de enfrentar la crisis COVID-19 en ese país suramericano. Arica sostuvo que a diferencia de los venezolanos o haitianos, más del 96% de sus compatriotas en el país están regularizados, pero no todos laboran para el sector formal, lo cual dificulta su permanencia en el territorio nacional, al paralizar sus operaciones. Como asociación, indicó que articulan esfuerzos con la representación diplomática de su nación, a los fines de canalizar asistencia a los connacionales chilenos. â??Ha sido muy duro todo esto de la pandemia, e indudablemente hemos sido afectados considerablemente todos los extranjeros residentes, sin importar el estatus migratorio que podamos tenerâ?, apunta Arica. Del 19 de marzo al 13 de abril, República Dominicana repatrió a 63 mil 592 extranjeros a través de vuelos ferry. Ese número de ciudadanos estaban en condición de turistas en el país. La prioridad para muchos de los gobiernos de los países, cuyos nacionales estaban vacacionando en suelo patrio, es la repatriación de los que estaban con fines turísticos, más no así con los residentes, ya que el visitante es que él está más vulnerable en cuanto al acceso de alimentos, bienes y servicios por un tiempo más prolongado al que tenían planificado.  ]]>