Oscar Quezada / oquezada@editorabavaro.com
LA ROMANA. La libertad sin medidas restrictivas de cinco venezolanos por el cargamento de 359 kilos de cocaÃna ingresados por el Aeropuerto Internacional de La Romana, vuelve a cuestionar el rol de la justicia dominicana y desnuda sus reincidentes fallas en casos que involucren a extranjeros vinculados al crimen internacional.
Este proceso judicial, que ha desatado el repudio de amplios sectores de la vida nacional, va más allá de las acusaciones hacia la jueza del Juzgado de Atención Permanente de La Romana, Aristilda Mercedes, quien finalmente enfrentó a sus detractores, atribuyéndole culpas e ineficacia al procedimiento que utilizó el Ministerio Público para sustentar su acusación en contra de los venezolanos.
Al margen de los cuestionamientos al criterio técnico-jurÃdico que presenta la jueza Mercedes para justificar su polémica decisión, medios internacionales han publicado reportes que señalan a los venezolanos como personas con antecedentes penales fuera del territorio dominicano.
Los imputados son los venezolanos Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge HenrÃquez, de 44; Gregory FrÃas, de 23; Gerardo DÃaz, de 38, y Jean Carlos DÃaz, de 35 años.
El diario Nuevo Herald asegura que Carlos Justiniano â??ya tenÃa prontuarios por narcotráfico, tras ser arrestado en el 2009 con un cargamento de droga en Guinea-Bissauâ?. Este periódico igual afirma que el gobierno venezolano dispuso un rápido cabildeo para que los cinco venezolanos fueran puestos en libertad.
En Venezuela, el Ministerio Público presentó ante un tribunal de control del estado de Lara a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Franklin Pérez Peña, Roberto Sivira Fernández y Onésimo Romero Hernández, a quienes vincula al decomiso de 359 kilos de droga.
Sin embargo, el portal de noticias dolartoday.com, de Venezuela, observa que la información servida por los medios venezolanos â??no detalla si los uniformados detenidos son considerados cómplices en el embarque de la droga enviada a la isla caribeña (República Dominicana) o dueños del cargamentoâ?.
Estas publicaciones avivaron más aun la indignación en el ámbito nacional, por una decisión que muchos asocian a las debilidades del sistema judicial, que ya en otras oportunidades ha dado mucho de qué hablar.
Caja de sorpresas
Mientras la InspectorÃa de la Suprema Corte de Justicia investiga a la jueza Mercedes, en La Romana sigue el proceso judicial contra los cinco venezolanos, que aunque esperan se cumpla la disposición de su libertad, tendrán que esperar el veredicto del recurso de apelación a esta medida presentado por la FiscalÃa.
Al mismo tiempo, los abogados de los imputados sometieron un recurso de Habeas Curpus, para que sus defendidos queden libres como dispuso la magistrada Mercedes.
Pero tras ser recusado por el Ministerio Público, el pasado miércoles, el juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, Francisco DomÃnguez Guerrero, suspendió el conocimiento del recurso de Habeas Corpus que conocÃa a los cinco venezolanos.
El juez DomÃnguez Guerrero también tiene su historia. Mediante el Oficio PCDJ número 02363/14, del 20 de agosto del 2014, el Consejo del Poder Judicial ordenó a la InspectorÃa General una investigación sobre las actuaciones del magistrado Francisco DomÃnguez Guerrero.
Aunque finalmente fue absuelto de toda responsabilidad, DomÃnguez Guerrero fue investigado por supuesta â??violación a los artÃculos 41 numeral 3, y 65 numeral 1 de la Ley 327-98 de Carrera Judicial; los Principios del Código de Comportamiento Ã?tico del Poder Judicial, creado mediante la Resolución número 2006-2009, de fecha 30 de junio del año 2009; sobre Conciencia Funcional e Institucional, Credibilidad, Objetividad, Disciplina, Honestidad, Integridad, Lealtad, y Transparencia y el artÃculo 333 del Código Procesal Penalâ?.
Otros jueces del mismo Distrito Judicial de La Romana no corrieron igual suerte. El 28 de febrero del 2012, el Consejo del Poder Judicial anunció la destitución de la jueza Altagracia Sánchez Molina, acusada de intentar sobornar a una empresa británica, a cambio de favorecerle con una sentencia. Sánchez Molina fue acusada por la defensa de la firma británica Newco, MG, INC, de intentar sobornarle con 6.000 dólares, como pago para dictar un fallo a su favor en un litigio judicial.
En noviembre del 2010, fue destituido el juez de la Instrucción de La Romana, Rodolfo Orlando FrÃas Núñez, de quien se dijo cobró un soborno para cambiar a libertad bajo fianza y presentación periódica, la prisión preventiva que se habÃa dictado contra Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), acusado de narcotráfico.
Otros jueces de La Romana cancelados por cometer â??faltas graves en el ejercicio de sus funcionesâ? fueron: Freddy Adolfo Féliz Isaac, de la Cámara Penal, y Luis Alberto Pourie DÃaz, del Juzgado de Paz de esta ciudad.
Caso pilotos franceses
Otro caso que dejó mal parada al Estado dominicano frente al crimen internacional organizado, fue el de los dos pilotos Bruno Odos y Pascal Fauret, atrapados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con un gran alijo de cocaÃna.
Ambos fueron apresados junto a otros dos franceses, en marzo del 2013, cuando se disponÃan a despegar hacia a Saint-Tropez en un Falcon, en el que las autoridades dominicanas hallaron 700 kilogramos de cocaÃna, valorados en 30 millones de euros.
El pasado jueves 24 de este mes, los dos pilotos franceses procesados por el caso Air CocaÃna obtuvieron su liberación bajo control judicial. La decisión fue adoptada por la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence (sur de Francia).
En República Dominicana, estos pilotos estaban en libertad condicional con prohibición de salida del paÃs, a esperas de los resultados de un recurso de apelación elevado por su defensa. Pero no esperaron este fallo y se fugaron con la ayuda de un eurodiputado, que para sorpresa del Estado dominicano admitió haber planificado la escapatoria.
La fuga de los dos pilotos se produjo el 28 de octubre del pasado año, y llegaron a la isla francoholandesa de San MartÃn, desde donde tomaron un avión hasta la isla francesa de Martinica y de allà otro hacia Francia.
El eurodiputado Aymeric Chauprade fue quien orquestó la fuga. Argumentó que lo hizo por â??solidaridadâ? con sus compatriotas, de quienes dijo no recibieron un juicio justo en República Dominicana.
Su desconcertante admisión de culpas fue hecha pública en un video colgado en Youtube, el pasado 8 de marzo de este año, titulado â??Carta abierta al presidente de la República Dominicana. En este video, Chauprade hizo un recuento de su trabajo como consejero de Asuntos Internacionales del ex presidente Leonel Fernández, desde 2009 al 2012.
Dijo que su â??compromisoâ? con el paÃs empezó desde que â??el Ejército de Quisqueyaâ? fue el primero que llegó en ayuda a Haità después del terremoto.
¿Burla o derecho?
La fuga de Bruno Odos y Pascal Fauret, el vÃnculo de un eurodiputado y más recientemente la puesta en libertad en Francia de estos extranjeros, avivaron el debate sobre las prerrogativas del Estado dominicano para juzgar en su territorio a extranjeros ligados al crimen internacional.
El 7 de marzo del 2000, los gobiernos dominicano y francés firmaron un tratado de extradición, anteriormente ratificado por el Senado. Pero en la práctica este pacto no sirvió de nada, porque el Estado dominicano no pudo extraditar ni juzgar a los pilotos en este paÃs.
El gobierno de Francia no devolvió a las autoridades dominicanas a los dos imputados, alegando que el tratado de extradición no aplica para la entrega de ciudadanos franceses si están en su territorio.
El artÃculo 7 del Acuerdo de Extradición entre República Dominicana y Francia, basado en el artÃculo 113-6 del Código Penal de esa nación, apunta que:
La extradición podrá negarse: 1- Cuando conforme a las leyes del Estado requerido, corresponda a sus tribunales conocer de la infracción por la cual haya sido solicitadaâ?¦â?.
Conforme a lo establecido en el Código Penal de ese paÃs, â??La ley penal francesa será aplicable a todo crimen cometido por un francés fuera del territorio de la Repúblicaâ?¦â?.
