PUNTA CANA. Desde antes de comenzar oficialmente el actual periodo gubernamental, el país venía sufriendo los nocivos efectos del covid-19, y, por ende, sus incidencias en los ámbitos económicos, sociales y políticos.
Luís Abinader sabía cómo iniciaría su mandato, pero sin lugar a dudas el 16 de agosto del año pasado su primera prueba de fuego fue el manejo de la pandemia. En esos momentos, la nación enfrentaba un segundo rebrote del coronavirus que obligó a las autoridades a retroceder en algunos aspectos, como el endurecimiento de las medidas para evitar contagios.
República Dominicana era entonces el país con mayor cantidad de contagios de coronavirus en Centroamérica, con más de 85,500, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud Pública, aunque en número de muertes era superado por Guatemala, que sumaba más de 2,300 fallecimientos.
Antes de la pandemia, en el 2019, el país fue considerado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el de mayor crecimiento económico de Latinoamérica, tras aumentar en un 5% su producto interno bruto (PIB).
Para agosto de 2020, en el mundo se empezaba a hablar de posibles vacunas para frenar la propagación del virus, convirtiéndose esto en una de las primeras presiones relacionadas con la pandemia que Abinader tuvo que enfrentar.
En esas condiciones, sus responsabilidades como gobernante se veían claramente concentradas en, primero, actuar para disminuir el contagio masivo del virus, asistir a los afectados y obtener las vacunas para inmunizar a la mayoría de la población.
En segundo lugar, adoptar las políticas públicas certeras conviviendo con el virus en un primer momento, recuperar los sectores de la economía capaces de producir en cantidad y calidad suficiente para abastecer el mercado nacional y exportar para generar empleos e ingresos.
Las compras por adelantado de vacunas a las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer, que estaban en prueba, resultaron ser un fallo notable para iniciar la vacunación.
El incumplimiento de esas empresas fue otro escollo que también enfrentó Luís Abinader. Aún no habían llegado las primeras dosis de esas firmas, cuando en Estados Unidos ya se habían vacunado cerca de 90 millones de personas. El Gobierno tuvo que desandar sus pasos y recurrir a la China que había desestimado significativamente, para comprarle vacunas e iniciar en firme la jornada nacional de vacunación, que ya ronda los casi 4 millones y medio de personas con la segunda dosis.
ECONOMÍA
Luis Abinader recibió un país con un largo rosario de demandas y poco dinero para resolver. Al asumir la Presidencia, muchos se preguntaban si Abinader iba a dar continuidad a los programas sociales que había creado el gobierno de Danilo Medina, para minimizar el fuerte impacto económico del covid-19, sobre todo en los estratos sociales más vulnerables.
A duras penas y con los primeros préstamos que superaron los 600 millones de dólares a organismos crediticios internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, la gestión de Abinader garantizó la extensión de los programas Progresando con Solidaridad (Prosoli) y Fondo de Asistencia Social al Empleado (FASE).
Dichos programas llegaron hasta el mes de diciembre 2020 con la cobertura máxima, y a partir de los meses de enero y febrero de este año, progresivamente, fue descendiendo montos y cantidad de personas, por lo insostenible que esa carga representaba para el Estado.
La reactivación del turismo fue otro de los contextos que ejerció presión para la gestión actual. Prácticamente, en agosto del 2020 era que el turismo apenas veía las primeras luces para volver a la reactivación de importantes cadenas hoteleras con presencia en el país.
Fue entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que bajo estrictos protocolos sanitarios, aprobados por instancias nacionales e internacionales, muchos de los actores que convergen en el sector turístico, paulatinamente fueron reiniciando sus operaciones e incrementando los números de llegada de turistas.
EL “CUCO” DE LA REFORMA
Apenas llegó octubre, fecha en la que se elabora el presupuesto para el año próximo, se empezó a hablar de una posible reforma fiscal, que supuestamente comenzaría en diciembre de 2020, bajo la gran incertidumbre de un impuesto destinado al pago del salario de Navidad.
Estos planes no se materializaron, pero sí se habló de la posibilidad de aplicar una reforma fiscal para el año 2022. Por el contexto de crisis en que llega el tema de una reforma fiscal, es “un trago amargo” que todavía reta al presidente Luis Abinader.
De hecho, esta Administración ya dio un paso en falso con el tema, cuando incluyó nuevos gravámenes en el presupuesto de este año, lo que luego tuvo que dejar sin efecto por la ola de rechazos que generó en menos de 48 horas.
Recientemente, el presidente Abinader dijo que ya se discute el tema de la reforma fiscal, y en cualquier momento lo presentará al Consejo Económico y Social (CES).
“El Gobierno está trabajando en esa propuesta. No estamos hablando de algo simple, estamos hablando de algo que afecta a todo el país, a algunos de manera positiva a otros de manera negativa en términos de pagar más impuestos”, expresó recientemente el presidente.
La escalada de violencia en Colombia por el anuncio del Gobierno de aplicar un paquete de medidas impositivas fue para Abinader la aplicación del refrán popular: “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”.
En ese país suramericano, primero en América Latina que intentó aumentar los impuestos en el contexto de la crisis de la pandemia, los resultados fueron fatales. Pues, se generaron fuertes y violentas manifestaciones en las calles, que dejaron un saldo de más de 20 fallecidos y 300 heridos, lo cual hizo que el Ejecutivo de Iván Duque se echara para atrás con buena parte de las acciones impositivas anunciadas.
A raíz de la situación que se presentó en Colombia, Abinader afirmó que el Gobierno trabaja para que entre en vigencia el próximo año la reforma fiscal, subrayando que “será lo más justa posible y que “paguen los que puedan pagar”.
ESCÁNDALOS
Son varios los casos de corrupción que han en puesto en vilo a toda la población dominicana en este primer año de gobierno de Luís Abinader. No sólo de la anterior gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sino también de su propia organización política, el Partido Revolucionario Moderno.
El primer escándalo que afrontó este gobierno fue el de la entonces ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte, quien declaró un patrimonio que ascendía a RD$74 millones, lo cual generó serios cuestionamientos. Todo terminó con una investigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la renuncia de Taveras al cargo que ostentaba.
Leonardo Faña fue el siguiente funcionario que puso en aprietos al actual gobierno, tras ser acusado de agresión sexual a la señora María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera del Instituto Agrario Dominicano (IAD), ente que dirigía el ex funcionario.
Según lo descrito por del Ministerio Público, tras ser designado en su puesto, Faña se dedicó a invitarla a salir de manera insistente, solicitud a la que eventualmente cedió, pero solo si “era en compañía de una amiga”.
La denominada “Operación 13” fue lo siguiente en la lista de hechos de corrupción, que de alguna manera salpicaron a la gestión de Abinader en su primer año. Todo se destapó en el sorteo del pasado 1 de mayo, en el que salió el número 13 en primera, el 69 en segunda y el 13 en tercera.
En el video de la transmisión, dado a conocer posteriormente por la administración de la Lotería, se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.
Otro caso fue el de Miguel Gutiérrez Díaz, diputado del PRM por Santiago, que actualmente está apresado en Estados Unidos y enfrenta un proceso judicial por narcotráfico.
Un caso que salpicó al PRM y su gobierno, fue la vinculación del Ministerio Público a una supuesta red de lavado de activos, de la diputada del PRM por la circunscripción uno de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López. La congresista fue mencionada como integrante de esa supuesta organización criminal, junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y sus hijos, Miguel Arturo López Pilarte y el regidor José Miguel López Pilarte.
PRECIOS POR LAS NUBES
Un factor de presión bastante significativo en este primer año de gestión de Luís y con el que ha tenido que lidiar durante todo este año, es el aumento de precios de los productos de la canasta básica.
Y fue justamente comenzando el 2021 cuando los ciudadanos empezaron a pegar el grito al cielo, cada vez que hacían la compra en los supermercados. Las alzas en los costos de alimentos tan básicos como el arroz, las habichuelas, el pollo, huevos, salami, pan, leche y otros rubros, fue de hasta el 50%.
En la calle lo primero que rumoraba la gente era si ¿”Este era el famoso cambio que habían prometido”?, puesto que la situación del control de precios se le estaba escapando de las manos a la actual Administración.
La pandemia, a juicio del Gobierno, es la culpable de todo esto por tratarse de que la materia prima para la elaboración de muchos de esos rubros viene del extranjero y por tanto sus costos los fijan los mercados internacionales. Algunos alimentos fueron experimentando con el pasar los meses ligeras bajas, luego de acuerdos de productores con el Gobierno. Esa vez, ordenó al Ministerio de Agricultura coordinar varios programas que beneficien a los pequeños agricultores del país. El aumento de precios también hizo que el Gobierno anunciara un aumento del salario mínimo en varias fases y escalas. Además, durante este primer año los combustibles han experimentado las alzas más significativas en los últimos tiempos.
