SANTO DOMINGO. Según la investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, los implicados en supuestas acciones ilícitas de hechos de corrupción y abuso de poder, poseen y utilizan de manera directa bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
Por esto están detenidos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestres, el coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del CUSEP y del CESTUR; la asimilada de la Policía Nacional, la pastora Rossy May Guzmán Sánchez; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; y los miembros de Policía Nacional Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Pereyra Núñez.
Según el Ministerio Público, estas personas ocultaron, disimularon y encubrieron el origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que realizó de manera sistemática, organizada y coordinada acciones y omisiones al más alto nivel y destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.
Los arrestados, de acuerdo a la acusación, son los responsables de constituirse “en una organización criminal que realizó cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012 a agosto del 2020”.
Supuestamente utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que «se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la Colombia golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado», afirma el Ministerio Público.
En la investigación, el ente asegura que distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización.
«Concertaron entre funcionarios para ejecutar medidas y operaciones contrarias a la ley, falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado.
Además, adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
