El nuevo Gobierno de Perú abrió uno de sus primeros debates laborales: qué cambios se podrán hacer a las reglas de trabajo y hasta dónde llegará el poder del Ejecutivo. La administración de la presidenta Keiko Fujimori prepara un pedido al Congreso para recibir facultades y legislar durante 120 días en distintos temas. Entre ellos aparecen el empleo, la formalización laboral y cambios en algunas normas que afectan a los trabajadores.

El tema ya genera preocupación entre organizaciones sindicales, que temen que algunas de las medidas puedan reducir la protección de los empleados.

El borrador conocido por medios peruanos incluye posibles cambios en asuntos como gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, aportes a EsSalud, AFP y ONP, además de modificaciones en las reglas para terminar los contratos de trabajo. También se plantea revisar el número de feriados.

Pero hay un punto importante: se trata de propuestas que forman parte de un pedido de facultades y no de cambios laborales ya aprobados.

La presidenta Fujimori respondió a las críticas y aseguró que durante su gobierno no se recortará ningún derecho laboral.

Ese choque entre las propuestas que aparecen en los documentos y la promesa del Gobierno es ahora uno de los principales focos del debate. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) considera que cualquier reforma debe proteger los derechos que los trabajadores ya tienen.

Los sindicatos también cuestionan la idea de que Perú tenga un mercado laboral demasiado rígido. El exministro de Trabajo Fernando Cuadros ha señalado que una gran parte de los trabajadores formales del sector privado tiene contratos temporales, una situación que, según su análisis, limita la estabilidad laboral.

Para las organizaciones sindicales, el problema del empleo peruano no se soluciona simplemente reduciendo costos para las empresas. Su reclamo es que las nuevas reglas permitan más empleo formal, mejores salarios y mayor estabilidad.

El salario mínimo también está sobre la mesa

El Gobierno anunció durante el mensaje presidencial del 28 de julio que el salario mínimo subiría a 1.300 soles.

Los sindicatos han recibido positivamente cualquier aumento, pero piden algo más: que el salario mínimo no dependa únicamente de decisiones políticas ocasionales.

La propuesta es establecer un mecanismo que permita revisar el sueldo mínimo de manera periódica, tomando en cuenta factores como los precios y la situación económica.

¿Qué viene ahora?

El Gobierno ya comenzó a preparar su pedido de facultades legislativas. La Presidencia informó que el Consejo de Ministros revisaría la propuesta para enviarla al Congreso.

Por eso, el siguiente escenario será político: el Congreso tendrá que decidir qué facultades entrega al Ejecutivo y bajo qué límites.

La discusión no será solamente sobre leyes laborales. También estará en juego el equilibrio entre facilitar cambios económicos y evitar que esas reformas terminen reduciendo la protección de los trabajadores.