Oscar Quezada / oquezada@editorabavaro.com
La Romana. La destituida jueza Aristilda Mercedes RodrÃguez, quien pagó el precio de haber liberado a cinco venezolanos sorprendidos traficando 359 kilos de cocaÃna, en el Aeropuerto de La Romana, tenÃa en su poder una pistola que representaba el cuerpo del delito en un proceso judicial por drogas, pendiente de ser conocido en apelación en la corte de San Pedro de MacorÃs.
El dato aparece en el informe de inspección de conocimiento a la ex magistrada Mercedes RodrÃguez, de fecha 13 de mayo de este año, autorizado por el Consejo del Poder Judicial, órgano que tras un exhaustivo proceso de investigación decidió cancelar de sus funciones a esta jueza.
La InspectorÃa General del Consejo del Poder Judicial estableció que el arma en poder de Mercedes RodrÃguez, según sus propias declaraciones, â??le fue entregada a la misma a través de su hermano VÃctor L. Mercedes RodrÃguez, por el fiscal adjunto de La Romana, Wilson Santana Joséâ?.
El informe, incluido en la sentencia que puso fin al cargo como jueza de Mercedes RodrÃguez, dejó claro que la posesión de manera ilegal de un arma de fuego, â??que tuvo la magistrada y confesado por éstaâ?, constituye una violación a la Ley 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, que contempla penas privativas de libertad en estos casos.
La pesquisa de la InspectorÃa General del Consejo del Poder Judicial resalta al respecto que Mercedes RodrÃguez tenÃa la pistola en su poder â??con el agravante de que era un arma que es un cuerpo de delito en un caso de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladasâ?.
Mercedes RodrÃguez intentó justificar la posesión de esta pistola bajo investigación judicial por narcotráfico, presentando a los investigadores siete oficios de solicitud de tramitación de arma de fuego a su nombre. De esta forma, quiso probar que habÃa requerido un arma de fuego y que posteriormente estas solicitudes fueron remitidas al Ministro de Interior y PolicÃa.
Polémicas revelaciones
 La liberación pura y simple de los venezolanos Carlos Justiniano, Jorge HenrÃquez, Gregory FrÃas, Geraldo DÃaz y Jean Carlos DÃaz, se produjo el pasado 26 de marzo de este año, a las 12:07 de la tarde. Fue ordenada por Mercedes RodrÃguez, actuando en función de juez de jurisdicción permanente de La Romana.
Los cinco ciudadanos venezolanos fueron vinculados a un alijo de drogas incautado en la aeronave modelo CESSNA, C404, matrÃcula YV2708, procedente de Barquisimeto, Venezuela, que contenÃa un total de 359 kilos de cocaÃna, demostrado por certificación expedida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Con respecto a la decisión de soltar a los extranjeros detenidos, no obstante haberse comprobado que eran quienes traficaban los 359 kilos de cocaÃna en la precitada aeronave, el informe rendido por la InspectorÃa General del Consejo del Poder Judicial también reveló otras irregularidades.
Basado en entrevistas, grabaciones legales y documentos que sirvieron de herramientas fundamentales en esta investigación, se determinó que Mercedes RodrÃguez â??tenÃa interés de que la resolución estuviera lista el lunes temprano (posterior al sábado en que se conoció la audiencia), antes de que â??vinieran la gente de la capitalâ??. Es decir, antes de que la InspectorÃa fuera apoderada de manera formal, dando como un hecho que tendrÃa problemas por dictar dicha resolución, antes de que se tuviera conocimiento de la misma de manera oficial o que fuera apoderada la InspectorÃa Generalâ?, apunta el informe.
La referida resolución judicial fue el instrumento legal en el cual la suspendida jueza presenta las razones para dejar en libertad a los venezolanos. La magistrada sustentó su decisión en que el Ministerio Público, que pedÃa un año de prisión preventiva como coerción a los venezolanos, pretendÃa solicitar la medida con un acta de registro de la aeronave sin el número de autorización de una orden judicial de allanamiento, y que tal omisión era contraria al debido proceso.
El informe ofrecido al Consejo del Poder Judicial señala que â??la resolución dada por la magistrada Aristilda Mercedes RodrÃguez, en los motivos que da por escrito ante esta InspectorÃa General, y en los interrogatorios realizados, plantea que es de criterio que si no se da por escrito la solicitud de cualquier autorización ella libera a los imputados, aun y cuando es costumbre en la localidad de La Romana hacer solicitudes por la vÃa telefónica y los jueces otorgarlosâ?.
El informe precisa, además, que el Código Procesal Penal estipula, en sus artÃculos 134 y siguientes, que los errores de forma que puedan ser corroborados por otros medios no invalidan los documentos o actas, por lo que con la simple inspección de los libros de registro del tribunal esto pudo ser subsanado. Establece, asimismo, que en el caso de que se necesitara, la ex magistrada pudo subsanar la situación denunciada, â??y no lo hizoâ?.
La investigación apunta que en el caso en cuestión para revisar vehÃculos (en este caso aeronave) no es necesaria una orden judicial, según versa en los artÃculos 175 y 176 del Código Procesal Penal. Por esta razón, los investigadores consideran que Mercedes RodrÃguez debió rechazar el pedimento de la defensa con relación a los imputados, ya que no era necesaria una orden judicial.
Además, se estableció que Mercedes RodrÃguez dio la orden de allanamiento de la aeronave vÃa telefónica al fiscal adjunto VÃctor Enrique HenrÃquez, quien por mandato de la fiscal titular de La Romana, Reyna Yanirys RodrÃguez Cedano, acompañó a los agentes de la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD) al operativo que dio al traste con la confiscación de los 359 kilos de cocaÃna, armas y otras evidencias.
Las investigaciones también arrojaron que el fiscal actuante ante el tribunal que conoció la medida de coerción a los venezolanos, Lauterio Eduardo Javier Sánchez, retiró el pedimento de aplazamiento de la audiencia, en franca desobediencia a lo que le habÃa instruido su jefa superior inmediata, la fiscal RodrÃguez Cedano.
Esta representante del Ministerio Público ordenó a Javier Sánchez solicitar que la audiencia fuera aplazada, porque no confiaba en la ex jueza. RodrÃguez Cedano dijo a la InspectorÃa General que sus dudas estaban basadas en que en ocasiones anteriores Mercedes RodrÃguez habÃa dictado sentencias igual de cuestionadas.
Alegatos de Mercedes RodrÃguez
 La destituida jueza dijo en los interrogatorios que â??en ningún momento he negado que di la autorización por teléfonoâ?. Expuso que â??yo no dije en InspectorÃa que esa decisión en frio yo la hubiese tomado distinta. Lo que sà dije (es) que después de eso y yo ver todo lo que se ha dicho y causado, hubiese tomado otra decisión. Simplemente, ese es un criterio que yo he tenido desde que me nombraron como jueza (liberar a los imputados si no se da por escrito la solicitud de cualquier autorización)â?.
Cuando los investigadores le preguntaron por qué tomó la decisión de obviar la autorización que ella misma habÃa dado por teléfono para allanar el avión donde fue hallada la cocaÃna, Mercedes RodrÃguez respondió diciendo: â??No, yo declaré nula la medida, porque cuando ellos me hacen la solicitud, aunque se la he dado por teléfono, ellos deben solicitarme por escrito de manera formalâ?.
En los interrogatorios en el Consejo del Poder Judicial, a la ex representante de la Justicia se le reprochó que si en algún momento reparó en la repercusión que tendrÃa haber fallado a favor de cinco narcotraficantes. Y esta fue su respuesta: â??Le digo, nunca estuvo en mi ánimo y pasó por mi mente situar al Poder Judicial por la situación en la que atravesó. Yo no me voy a buscar un problema gratis. Le digo, sà yo tenÃa un criterio que lo venÃa aplicando por irregularidades que se me presentaban (â?¦). La situación que se ha puesto de manifiesto me sitúa en una situación de variar mi criterio y tomar más en cuenta otras cosas, y no una legalidad estrictaâ?.
Por todas las pruebas que la incriminan en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y por no encontrar sustento lógico ni legal en los argumentos utilizados en su propia defensa, el Consejo del Poder Judicial falló destituir a Mercedes RodrÃguez del cargo de jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de La Romana.
Fue hallada culpable de haber cometido faltas en el ejercicio de sus funciones, violando los artÃculos 41 numeral 3, 61 y 66 numerales 2, 7 y 14 de la Ley 327-98, sobre Carrera Judicial; los principios del Código de Comportamiento Ã?tico del Poder Judicial, creado mediante Resolución número 2006-2009, de fecha 30 de junio del año 2009, sobre Conciencia Funcional e Institucional, Legalidad, Prudencia y Responsabilidad, y el Código Iberoamericano de Ã?tica Judicial en sus artÃculos 23, 24, 42, 43, 44, 55, 69, 71 y 82â?.
[caption id="attachment_3672" align="alignleft" width="300"]
Imputados durante el juicio.[/caption]]]>
