El trago amargo del covid-19 nos ha dejado la oportunidad para replantear el territorio nacional y maximizar sus beneficios. Una ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos deberá ser una herramienta para capitalizar y tener control de los recursos de manera sostenible.
A través de los años el desarrollo relativo que ha experimentado el país está caracterizado por ser poco humano, marginal y excluyente, por igual de baja redistribución de las riquezas, desequilibrios y desigualdades territoriales, por un lado y por otro, por no tener respuestas a los cambios climáticos, a la sostenibilidad medioambiental, a la gestión de los riesgos causados por la naturaleza. De modo que, esta desproporción de carácter político, económico, social y medioambiental por no tener a mano una ley o medio, un plan de ordenamiento y desarrollos territoriales. Esta necesidad genera tensión en los sectores privados y en las autoridades municipales, el ecosistema ideal por donde se cuela el desorden, la iniquidad y, le quita oportunidades a la vida humana. No disponer de este tipo de instrumento jurídico, es un acto de injusticia.
Esta preocupación de años obligó al Congreso de la República a legislar en esa dirección. Diputados y senadores tienen el compromiso de impulsar nuevamente este proyecto de ley, de crear un instrumento para racionalizar el territorio. En su oportunidad la Cámara de Diputados lo aprobó y al pasar al Senado perimió. En este momento hay voluntad política y social para su reintroducción y aprobación, nuevamente, de varios proyectos de leyes, dentro de los cuales está el de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Este interés ha sido manifestado por diferentes sectores como la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asoahores) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ya que por ejemplo para las comunidades receptivas de turismo significa un enfoque sistémico y participativo desde el territorio, clave para proteger los medios de vida e impulsar sus economías. En esa coyuntura, como la que nos ocupa, significa pasar de una relación bidireccional de oferta y demanda hacia un trípode de sustentación: territorio, oferta y demanda.
En tal sentido, de ser aprobado este proyecto de ley en esta legislatura, será una forma de responder a la forma como se ha venido desarrollando el territorio, el chance de transformar y redefinir el espacio físico y social para que sea garante del orden. Por igual un soporte para la inversión privada, guía para la sostenibilidad y servirán de procesos y reglas institucionales para coordinar eficazmente la demanda de la población y sus desafíos territoriales.
