PUNTA CANA. Aunque el pasado 5 de junio fue presentado a la opinión pública nacional la primera etapa del Plan de Seguridad Ciudadana, que incluye el desarme de la población, el mismo plantea varias interrogantes cuyas respuestas son necesarias para entenderlo y conocerlo con mayores detalles.
Lo primero a destacar es que este plan no ha sido presentado de forma escrita, con detalles de cómo funcionará, los mecanismos a aplicar, las metas a cumplir y demás pormenores. Por ende, no existe un documento en el que se haya asentado este plan como tal.
El experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou, señala que este más que un plan de seguridad es un conjunto de acciones tendentes a desarrollar una estrategia pequeña de contingencia, en vista de los picos de violencia sistémica y violencia delictiva que hay. Según Pou, al no existir un documento que explique cómo se va a desarrollar la estrategia, no se puede hablar de plan.
“Un plan requiere diagnóstico, un diseño de expertos y de la sociedad; requiere mecanismos de control; requiere muchas cosas”, indica. Según Pou, lo presentado no alcanza la calidad necesaria para llamarse plan.
Lo que hasta ahora ha salido a relucir tras las presentaciones hechas por el mismo presidente Luis Abinader, es que el proyecto piloto que inició en el sector Cristo Rey, de la capital, incluye los componentes de registro de motocicletas, recolección y entrega de armas voluntarias.
También se ha dicho que la piedra angular del plan de seguridad ciudadana es “el desarme de armas ilegales”. Que esto se trata de un innovador programa de recompras de armas ilegales que cuenta con la colaboración de todo el sector social comunitario, sindical, religioso y empresarial. Además de que se entregarán tarjetas de subsidios por intercambio de armas.
Cabe destacar que esta iniciativa la está llevando el Gobierno Central a través del Ministerio de Interior y Policía. Partiendo de allí y de las declaraciones dadas por el ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez (Chu), de que las armas recibidas serán destruidas, cabe preguntar si el arma con que se le segó la vida a alguien es entregada y destruida ¿Cómo se procederá con esos casos en cuestión? ¿Se destruirá la evidencia? ¿No se condenarán esos casos?
La verdad es que el Gobierno no ha ofrecido explicaciones que indiquen si se investigará o no las armas recibidas mediante de este plan, o si se rastrearán a los posibles homicidas a través de las armas entregadas.
En la puesta en marcha del plan, Chu Vásquez se limitó a decir que como forma de garantizar que las armas recuperadas no vuelvan a las calles, las mismas serán destruidas en presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes les han estado acompañando en todo este proceso.
Vásquez también manifestó que “llegó el momento de sacar de las calles las armas ilegales que están en manos de desaprensivos, por lo que se hace necesario reducir al mínimo las cifras funestas que provocan las armas de fuego con luto y dolor en el seno de la familia dominicana”.
Pou también señala que lo correcto es destruir esas armas, sobre todo las que tienen las numeraciones borradas y que no se pueden identificar. Explica que según un estudio que realizó en la región del Caribe hace once años, en la República Dominicana había cerca de 650 mil armas ilegales, pero más del 70 por ciento de ellas tenían su origen legal, pues habían pasado de manos en manos entre familiares durante décadas.
DEBIDO PROCEDIMIENTO
El experto en seguridad Melvin Pérez opina que el plan de desarme de la población debe hacerse primero sobre la perspectiva primero de la ilegalidad, y después se trabaja con la legalidad. Según detalla, lo primordial debe ser fortalecer el control del tráfico de armas. “Una persona con un arma legal es localizable. Los delitos normalmente se cometen con armas ilegales”, precisa Pérez.
Manifiesta que lo ideal es que a las armas que sean cedidas se les haga un experticio, esto con el fin de determinar si han sido usadas para cometer algún delito. Según dice el experto, hacer estas indagaciones pudiera traer sus dificultades, pues siendo así los portadores de las armas ilegales se negarían a entregarlas.
Pérez indica que cómo se descubriría el delito si no se pasa el arma por una investigación. “Yo creo que esas armas deberían estar un tiempo antes de destruirse en manos de las autoridades y hacerse los experticios de lugar”, expresa.
El experto alega que para que esas personas que delinquen entreguen sus armas debe darse un tema de concienciación que les motive a retirase del delito. Según Pérez, quienes delinquen tienen sus armas como herramientas de trabajo y para poder cederlas deben ser motivados por el Estado para cambiar de opinión. Por ejemplo se les puede ofrecer un empleo, una beca de estudios o cualquier otro incentivo que les saque de las calles.
El experto en seguridad ciudadana Daniel Pou, dice que la iniciativa de desarme se está haciendo de forma muy apresurada, que primero debió hacerse una estrategia de comunicación, explicándoles a las personas la finalidad.
Según su criterio lo que el Gobierno está haciendo es un primer acercamiento con la ciudadanía para luego poder sustentar una política o un programa dentro de una política pública de mayor alcance.
Pou opina que hay una buena intensión de parte del Gobierno, pero deben tener mucho cuidado manejando eso, porque es un tema neurálgico, muy sensitivo y que requiere manos expertas para que no se desnaturalice.
Y LAS LEGALES, QUÉ…
Lo dicho en la puesta en marcha del plan de desarme es que iniciarán con las armas ilegales, pero surgen preguntas que hasta ahora no han tenido respuestas ¿Qué pasará con las armas legales? ¿Estas no matan? ¿Cómo se procederá para que quienes portan legalmente armas de fuego las entreguen? ¿Qué garantiza que quien tiene un arma legal le va a dar buen uso? Y ¿Cuáles garantía da el Gobierno de que esto suceda?
Con respecto a esto el experto en seguridad Melvin Pérez dice que los ciudadanos tienen derecho a defenderse y defender sus propiedades. “Lo que yo no estoy de acuerdo es en que cualquier persona pueda tener un arma”, indica.
Pérez refiere que lo ideal es que se cumpla de manera correcta con la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Y que para desarmar a la población que tiene armas legales, hay que garantizarles seguridad.
ESTADOS UNIDOS
Actualmente, en los Estados Unidos el presidente Joe Biden ha presentado sus planes para el control de armas en esa nación. Con esto busca reducir las muertes anuales que se producen por tiroteos.
En el país norteamericano mueren alrededor de 40 mil personas al año producto de tiroteos masivos. Dentro de las promesas de campaña de Biden estaba sacar las armas de guerra de las calles, prohibir la fabricación y venta de armas de asalto y cartuchos de alta capacidad, regular la posesión de armas de asalto existentes bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego, volver a comprar las armas de asalto y cargadores de alta capacidad que ya están en las comunidades, entre otras propuestas más que deben ser aprobadas por el congreso una vez sean presentadas.
Cabe destacar que en los Estados Unidos, en su constitución, se protege el derecho del pueblo de portar armas de fuego. Según un informe del Instituto Nacional de Justicia de 2009 en el país norteamericano hay aproximadamente 310 millones de armas de fuego para la población.
