Cinco de ellos son de la provincia La Altagracia
Oscar Quezada
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SANTO DOMINGO. Desde el 1999 hasta el pasado año, el Consejo del Poder Judicial ha destituido a 43 jueces en todo el territorio nacional, diez de ellos de la zona Este del país. Todas las decisiones están amparadas en la acusación de que estos representantes del Poder Judicial cometieron “faltas graves en el ejercicio de sus funciones”.
De los diez jueces cancelados en distintas provincias del Este, cinco son del Distrito Judicial de La Altagracia, cuatro de La Romana y otro de Miches. De Higüey, los jueces separados definitivamente son Francisco Castillo, cancelado el 19 de enero del 2010, mientras se desempeñaba como juez de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito; Teodoro Castillo, juez de Instrucción, separado el 20 de abril del 2005, y Rafael Cedano González, de la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, cancelado el 18 de enero del 2006.
Los otros dos fueron José Pérez Bonilla, del Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, cancelado el 15 de septiembre del 2010, y Adolfo Caraballo Meriño, del Tribunal de Tierras de La Altagracia, destituido el 24 de febrero del 2012. El magistrado Caraballo Meriño fue acusado, según la sentencia 04/2012, de producir autos de inhibición irregular en dos casos; dictar una resolución en el caso de la señora Clara Aurora Pión Cruz, en contra de la Asociación de Ganaderos de Nisibon, donde éste debió inhibirse por ser parte de dicha asociación.
Además, fue acusado de dictar varias resoluciones, cuando ya estaba inhabilitado por la Suprema Corte de Justicia; igualmente, de cambiar fecha a resoluciones y no asentarlas en el libro récord del tribunal; registrar inversiones en el Banco Central, por RD$13,301,000, conjuntamente con su hermana y esposa, y una cuenta con el Banreservas por más de RD$1,500,000 y ganado, sin reflejarlo en su última declaración jurada de bienes.
Pérez Bonilla fue encontrado culpable de variar “con facilidad” las medidas de coerción impuestas por la presentación de garantías económicas a personas acusadas de violar la ley sobre drogas (50-88).
Según la sentencia de la Suprema Corte, Pérez Bonilla había sido sometido en tres oportunidades a un juicio disciplinario, y en una de las ocasiones fue suspendido por 30 días sin disfrute de sueldo.
Los jueces de La Romana cancelados por mal manejo en sus funciones fueron Freddy Feliz, de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, separado el 19 de julio del 2000; Luis Emilio Pouerie, del Juzgado de Paz, cancelado el 27 de junio del 2000; Rodolfo Frías Núñez, del Juzgado de la Instrucción, destituido el 20 de octubre del 2010, y Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, cancelada el 24 de febrero del 2012.
Sobre la magistrada Sánchez Molina, se estima, mediante la sentencia No. 03/2012, que independientemente de los daños que causan a la sociedad las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, en el caso de la procesada “ha ocasionado graves daños a la compañía NewCo, MG. INC.; los cuales hubiesen podido ser evitados de haber actuado la referida magistrada de manera distinta a como lo hizo”.
El Consejo del Poder Judicial llegó a la conclusión de que la magistrada incurrió en faltas graves, al emitir una decisión basándose en un contrato de promesa de compraventa que no fue depositado en el expediente. Asimismo, fallar asuntos de amigo, compadre y abogado a su servicio en ocasiones, sin tomar ninguna medida prudencial, “y por tanto en violación a los principios éticos que deben ser el soporte de actuación de todo juez”.
El juez de Miches cancelado por faltas graves fue Antoni Gil Zorilla, juez de Paz de ese municipio.
“De Higüey, los jueces separados definitivamente son Francisco Castillo, Teodoro Castillo y Rafael Cedano González”. “
