VERÓN. Tras los intensos conflictos que se generaron la semana pasada entre los taxistas convencionales y choferes de la plataforma Uber en el Distrito Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, se anunció la elaboración de un reglamento con el que se pretende regular los servicios de taxis en las zonas turísticas.
Anterior a estos episodios en los que se han generado hechos de violencia entre conductores de los denominados taxis “turísticos” y choferes de Uber, en el país ya existían resoluciones por parte del Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant). Uber en realidad inició operaciones en Bávaro y Punta Cana hace apenas 4 meses, aunque opera en la República Dominicana desde 2015.
Uber inició operaciones en Verón-Punta Cana en agosto del año pasado, aunque opera en la República Dominicana desde 2015. Dos años después de su apertura, el Parlamento aprobaría la Ley 63-17 que regula los servicios privados de transporte de pasajeros y que sirvió para dar amparo legal a la actividad de plataformas como Uber, Cabify, Lyft y otras.
Luego por presión de los 13 sindicatos de choferes del país del que forman parte más de 15 mil conductores, en 2018 el Intrant en su resolución 010-2018 decidió prohibir la entrada a las instalaciones hoteleras a los conpersoductores de plataformas online, ya que los taxistas convencionales que llevaban décadas ejerciendo el oficio, empezaron a ver como su clientela prefería buscar en su celular los servicios de Uber, por “bajos” costos en los traslados.
A partir de la llegada de Uber a Verón- Punta Cana, en agosto del 2020, empezaron constantes enfrentamientos entre choferes de taxis convencionales y conductores de la plataforma, que han llevado al Ministerio de Turismo a efectuar constantes reuniones para garantizar la convivencia de ambos en cuanto a los servicios de traslados.
El viernes 19 de marzo, el ministro de Turismo, David Collado, anunció la firma de un memorándum de entendimiento, con la presencia del presidente de la República, Luís Abinader, en el que se acordó que Uber iniciaría la regularización de sus operaciones en el país y por tanto no existirían conflictos entre taxistas convencionales y choferes de la plataforma.
