SANTO DOMINGO. Las nuevas autoridades de la Cámara de Cuentas asumirán sus responsabilidades en medio de serios cuestionamientos sobre el papel que ha desempeñado esta instancia en la fiscalización de los fondos públicos.
Organizaciones de la sociedad civil y el propio ciudadano de a pie, demandan un desenvolvimiento efectivo de la Cámara de Cuentas sobre todo para desarrollar un exhaustivo proceso de auditoria en los últimos dos periodos de Gobierno, donde la institución fiscalizadora se mantuvo en total en silencio y con la presunción de obstaculizar procedimientos de auditorias.
El Senado dominicano escogió ayer a los cinco miembros del ente fiscalizador del Estado, recayendo la presidencia de ese organismo en Janel Andrés Ramírez. El nuevo titular de la Cámara formará quinteto con Elsa Catano, vicepresidenta; Tomasina Tolentino Mckenzie, secretaria, además de Mario Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña.
La pasada gestión de la Cámara de Cuentas estuvo en el “ojo del huracán” por las investigaciones al comportamiento de la administración de Hugo Álvarez, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán, Félix Álvarez Rivera y Pedro Antonio Ortiz Hernández.
Desde la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al Gobierno, el propio presidente Luís Abinader y otros funcionarios se han quejado del comportamiento «blando» de la instancia fiscalizadora, tomando en consideración serias denuncias de supuestos actos de corrupción que se suscitaron en los dos últimos periodos gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La Cámara de Cuentas, el órgano superior externo de control fiscal, de los recursos públicos y procesos administrativos y del patrimonio público y es allí en esas funciones que recae la gran responsabilidad que este ente del Estado tiene ante el país.
Este año, exactamente en el mes de febrero, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) realizó un allanamiento en la Cámara de Cuentas que duro más de once horas, una acción que fue denominada como “Operación Caracol”.
El titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que en esa oportunidad que se alteraban auditorías para favorecer a instituciones, y a sus titulares, para encubrir actos que quebrantan la ley.
Quienes desde mañana jueves asumirán las riendas de esta entidad tienen el reto de asumir una contundencia en cuanto a la acción fiscalizadora de los fondos públicos se refiere, además de facilitar toda documentación y proceso que le exijan las demás instancias en investigaciones que pudieran estar realizándose para determinar presuntos hechos de corrupción administrativa.
