Génesis Pache / Nataniel de Dios /
Evelin Rodríguez / Yenifel Amador / Carmen Feliz
SANTO DOMINGO. Una de las principales debilidades que tiene el sistema de compras y contrataciones del Estado dominicano es la falta de mecanismos para hacer que la elección de los oferentes se haga de forma transparente. Esto así, porque es la misma institución contratante la que elige quien le suplirá el bien o servicio que se necesita.
La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece en su artículo 35 que el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de licitación pública nacional o internacional, es el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad contratante. Según este articulado, es la misma institución que solicita el servicio la que se encargará de elegir el oferente.
La selección de los oferentes en un proceso de licitación pública, licitación pública abreviada, subasta inversa, sorteo de obras, contratación simplificada y contratación menor, queda a la merced de la institución interesada. Cabe destacar que el Comité de Compras y Contrataciones está conformado por el director general o a quien este designe; el encargado administrativo financiero o su delegado; el consultor jurídico; el encargado del departamento de Planificación y Desarrollo; el responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información, todos estos empleados de la institución contratante.
Esto lo avala también el Reglamento 543-12 en su artículo 36, donde expresa que las entidades contratantes comprendidas estructurarán un Comité de Compras y Contrataciones.
Si los que integran el Comité de Compras y Contrataciones son todos empleados de la entidad que contrata, queda la interrogante: ¿qué mecanismo permite que no se amañe el proceso para beneficiar a un oferente determinado?
PROCESO
Según la Ley 340-06, el oferente, proponente, ofertante o postor, es la persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar, presentar oferta o propuesta en las licitaciones de bienes, obras, servicios o concesiones.
El Comité, integrado por empleados de la institución contratante, es el encargado de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los pliegos de condiciones específicas, el procedimiento de selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar las ofertas.
Después de que el Comité seleccione los peritos, estos, según el artículo 54 de la Ley, procederán a calificar las ofertas técnicas de los participantes que hubieren cumplido con las condiciones definidas en los pliegos de condiciones.
Y LA DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, QUÉ…
El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, señaló que la realidad es que las contrataciones públicas es “históricamente la modalidad número uno de corrupción, la modalidad número uno de robo del dinero público, y dentro de las contrataciones, las obras públicas, esa es la modalidad número uno en la historia dominicana hasta el día de hoy”.
Afirmó que ciertamente se dan en los procesos de contrataciones los conflictos de intereses, que pueden beneficiar a oferentes en un proceso. Aseguró que la actual legislación en su artículo 14 tiene una regulación muy débil. Ese articulado señala cuáles son las personas que no pueden ser oferentes del Estado.
Pimentel refirió que los pliegos deben estar alineados y acorde con las disposiciones normativas, porque muchas veces existe una modalidad de construir pliegos de condiciones dirigidos específicamente a proveedores que cumplan con esos requisitos. Puso por ejemplo, que una institución que quiera contratar “unos servicios, vamos a decir de un profesional que sea agrónomo, preferiblemente de Santiago, del municipio de Navarrete, y que viva en la calle tal, en este caso estás estableciendo unos criterios que, sin decirlo, estás dando un nombre”.
Pimentel dijo que han inhabilitado alrededor de 30 proveedores por faltas graves. Además de 260 proveedores que sus accionistas, con más de 10% de las acciones, son funcionarios o ex funcionarios que están en el régimen de incompatibilidad, por lo que le han suspendido sus registros de proveedores.
Explicó que en la recepción de las ofertas técnicas y ofertas económicas, el rol que juegan los peritos y el rol del comité de compras son muy importantes, porque la responsabilidad que debe ser descentralizada para coordinar y gestionar los procesos, es de cada entidad. Por lo que Pimentel destacó que cada institución es responsable de su proceso, de lo bueno, lo malo, de lo legal o ilegal, de su éxito de su fracaso.
“El órgano rector (la Dirección) lo que debe es trazar las políticas; las normas garantizan la resolución de controversias y conflictos cuando surjan y los mecanismos preventivos que se puedan adoptar. Ese es el rol del órgano rector y ese rol de las instituciones”, resaltó Pimentel.
¿Y HA SUCEDIDO?
En el país se han dado a conocer casos en los que las licitaciones han sido amañadas para beneficiar a ciertos oferentes. Uno de los más recientes y sonoros es el que implica al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La Procuraduría General de la República llamó al proceso que se le sigue a Rodríguez y otros cuatro implicados como “Operación Medusa”. A estos se les acusa de amañar las licitaciones para la escogencia directa de los oferentes.
Por ejemplo, en la orden de allanamiento 0046-JUNlO-2021 se señala que “Respecto a la adquisición de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario, se conformaron grupos que tenían las indicaciones de establecer quienes no podían ganar las licitaciones, un miembro de los mismos eran la señora Elizabeth Medina Sánchez, quien era encargada de Almacén de la Procuraduría General de la Republica, conjuntamente con la señora Mercedes Camelia Salcedo, coordinadora Administrativa del Modelo Penitenciario, que realizaban visitas para verificar que las entidades participantes no cumplan con las requisitos y se les instruía que la desaprobaran, tomando como parámetro temas como la iluminación y la limpieza”.
Carmelina Sánchez Castillo, oferente del Programa de Alimentos Escolares, dijo que es testigo de la falta de transparencia que se registraron en las compras y contrataciones públicas a través del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie).
Aseguró que el proceso de licitar era fácil, y entre los requisitos les demandaban una cocina industrial en acero inoxidable, con un mínimo de espacio físico de 100 metros cuadrados en concreto, varios fregaderos para evitar la contaminación cruzada y amplia meseta. Empero, varios fueron favorecidos y no cumplían esas reglas.
“Más allá de eso, estuvo la traba política, le daban las facilidades a amiguitos de la base del partido, incluso por encima del director de Inabie (Rene Jacques), sonaban situaciones como: Fulano te resuelve… funcionarios que decían tú me das tanto y te consigo tantas raciones…)”, deploró Carmelina Sánchez Castillo.
Cuenta que al término de la pasada gestión escuchó oferentes que dijeron: “Por fin soy libre… ya no tengo que pagar peaje…”. En adición a esas situaciones dijo que en su demarcación se daban casos de oferentes o dueños que tenían varias cocinas para beneficiarse indistintamente.
