SAN PEDRO DE MACORÍS. La ocupación de terrenos de forma ilegal por personas que han hecho de esa práctica su modo de vida, sigue afectando a personas que han agotado todos los trámites para poseer un terreno, y posteriormente levantar su vivienda.
Esta situación se ha dado por años en esta provincia, y ha traído consecuencias nefastas por las irregularidades que se presentaban en el pasado, específicamente en terrenos que eran propiedad del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
En la actualidad, el tema de las invasiones de terrenos afecta a cientos de profesionales, como profesores, locutores y personas que compraron de forma independiente en un proyecto que se denomina José Blanche. Este proyecto se encuentra ubicado en las inmediaciones de la Autovía del Este, donde desaprensivos con la excusa de ser padres de familia han ocupado esos espacios, los cuales los traspasan a otras personas, creándose así el conflicto entre quienes adquirieron legalmente comprando los mismos, al CEA y quienes les compraron a los invasores.
En ese proyecto, al menos unos 300 profesores adquirieron sus solares. El licenciado Rubén Ventura Marte, quien es un reconocido maestro del área de música en esta provincia, al explicar la situación, expresó que en la gestión gubernamental de Hipólito Mejía la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó que les facilitara unos terrenos a ese sector profesional.
En el mismo, se construirían viviendas para los maestros, y mejorar así sus niveles de vida, petición que fue concedida. El gobernador de entonces, doctor Nelson Arroyo, los llevó al lugar, indicándoles que ahí se construiría el proyecto, dentro de la parcela 15 A, situación que ocurrió en el año 2004.
Pero se originó un vacío por un espacio de tiempo, ya que Hipólito Mejía perdió las elecciones en ese año. Pero que posteriormente las nuevas autoridades procedieron a dar continuidad al proyecto.
Aunque muchos de los profesores no han completado el proceso de pago, afirman que tienen sus documentos que indican que pagaron los 2 mil pesos para tasación y mesura, y un 35 por ciento del costo del solar, que tiene un precio de 39 mil pesos.
El licenciado Agustín Castro, quien es directivo de la ADP en San Pedro de Macorís, se refirió a la situación pidiéndoles a las actuales autoridades que le busquen una salida al conflicto.
LOS OCUPANTES
En el lugar descrito más arriba se observan una serie de casuchas, construidas de zinc y maderas, que junto a otras que se levantan en block, han denominado como proyecto María Gabriela, donde muchos de sus ocupantes son de nacionalidad haitiana.
Entre los dominicanos que se encuentran con sus pequeñas viviendas levantadas, ya han creado una junta de vecinos para defender su posición de que ellos también necesitan un techo. Su argumento básico es que aprovecharon la oferta, comparando esos espacios a personas que no tienen documentación, pero por el interés de dejar de pagar alquiler y mejorar su situación de vida han corrido el riesgo de entregar hasta 30 mil pesos a los denominados invasores.
Wender Peralta, quien junto a los señores Líder Adames, Kelvin Silvestre, Fiordaliza Santana y Osiris Alfonseca, forman la junta de vecinos del recién creado sector, dijo que ellos no son invasores y que como dominicanos lo que buscan es tener un techo propio.
Wender Peralta, compró a invasores.
“Nosotros no somos invasores; nosotros le compramos a los invasores. Y como usted sabe, a los invasores no le interesa levantar una casa. Ellos lo que hacen es que venden y entonces nosotros compramos esos terrenos que estaban abandonados”, dijo Peralta.
Solicita a las autoridades que los tomen en cuenta, ya que también tienen la intención de pagar por esos terrenos, para iniciar el proceso de legalización de los mismos.
Mientras que el señor Osiris Alfonseca señaló que muchos de los que están reclamando solares no cuentan con los documentos requeridos. Dijo que por eso, cada vez que va alguien a reclamarle sobre la ocupación, ellos les piden sus documentos, y que si determinan que los tienen entonces abandonan el lugar, a pesar de la inversión que han realizado en limpieza y construcción.
LOS LOCUTORES TAMBIÉN
Otro sector afectado son los locutores, quienes han visto cómo los intrusos han ocupado sus terrenos, y que a la hora de reclamar han sido amenazados por los ocupantes, teniendo que retirarse.
El presidente del gremio, Jacobo Reyes, está gestionando que sean reubicados en otro lugar, para así evitar inconvenientes. Ante esta situación, la gobernadora de la provincia, Aracelis Villanueva, expresó que, junto al encargado de inmobiliaria del CEA, realizan acciones para garantizar la propiedad de las personas que han adquirido de manera correcta los terrenos, que en un momento pertenecieron a esa institución.
Dijo que además se trabaja en la recuperación de amplias extensiones de terrenos que se encuentran en manos privadas y no pueden demostrar los documentos para su posesión.
Este medio también consultó al licenciado Freddy Medina, quien se desempeñó por varios años como representante legal de la inmobiliaria del CEA en San Pedro. Medina expresó que esa situación es compleja, debido a que a través del decreto presidencial 268-16, que prohíbe la venta de terrenos propiedad del CEA, se agudizó el proceso de regulación de muchos adquirientes, que ya habían sido ubicados en el solar que comenzarían a pagar, pero que por la prohibición no se llevó a cabo.
Aclaró además que aquellos que ya habían iniciado el proceso pueden continuar pagando y deben contar con el respaldo del CEA, para que este sea garante de preservar el bien que está en proceso de adquisición, en tanto que aquellos que ya han pagado todas sus cuotas y cuentan con su documentación, tienen que agotar el proceso ordinario. Es decir, acudir a la fiscalía y presentar una demanda por ocupación de su propiedad.
La ocupación de terrenos del CEA es un problema que ha estado afectando a muchos petromacorisanos, sobre todo por la falta de controles de las autoridades pasadas, lo que incluso degeneró en una tragedia que le costó la vida a dos reconocidos comunicadores de esta ciudad.
