En distintos rincones del país abundan ejemplos de obras públicas que, tras su inauguración, terminan convertidas en ruinas. Canchas, parques, caminos, paseos, edificios comunitarios y hasta hospitales, levantados con recursos del Estado y gobiernos municipales, caen rápidamente en el abandono por la ausencia de un plan serio de mantenimiento. De esa manera, inversiones multimillonarias se convierten en un desperdicio de dinero y en afrenta a las comunidades que tanto reclamaron su construcción.

El problema no radica únicamente en la ejecución de esas obras, sino en la visión cortoplacista de las autoridades. Se invierte en levantar cemento, cortar cintas y en tomarse la foto oficial, pero rara vez se contemplan presupuestos y estrategias sostenibles para garantizar su uso adecuado a lo largo del tiempo. Un espacio público sin mantenimiento deja de servir a la gente y, peor aún, se transforma en un foco de deterioro y hasta de inseguridad.

Ahora bien, no toda la carga debe recaer en los ayuntamientos o en el Gobierno Central. A los munícipes también les corresponde una cuota de responsabilidad ineludible en la tarea de cuidar las obras públicas. No se puede exigir parques y aceras si, una vez entregados, se convierten en basureros improvisados o son destruidos por quienes deberían cuidarlos.

El sentido de pertenencia y el compromiso ciudadano son esenciales para prolongar la vida útil de cualquier infraestructura. El verdadero progreso no consiste en inaugurar más obras, sino en garantizar que las ya existentes cumplan con su función social. De nada sirve construir si lo levantado muere prematuramente por el descuido.