SANTO DOMINGO. Un nuevo nombre vinculado a la vida marina le colocó el Ministerio Público a la investigación de otro caso vinculado a un supuesto caso de corrupción.
Se trata de la «Operación Medusa», puesta en marcha ayer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, arrestó, además, a Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General.
La operación incluyó el arresto de Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
La Operación Medusa, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, incluyó el lunes al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.
Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
OPERACIONES ANTECESORAS DE LA MEDUSA
La primera operación que ejecutó el Ministerio Público, para investigar casos de presunta corrupción, fue la «Anti Pulpo», se persigue y busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por el hermano del ex-presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a quién acusan de malversar fondos estatales por al menos RD$4,000 millones.
El proceso de investigación ha sido liderado por el magistrado Wilson Camacho Peralta, quién es Procurador General de Corte de Apelación Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y ha sido apoyado por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, quién es directora general de Persecución del Ministerio Público de la República Dominicana.
La autodenominada «Operación antipulpo» fue un conjunto de apresamientos y allanamientos emprendidos en la madrugada del 29 de noviembre de 2020 como resultado de una investigación que venía realizando el PEPCA desde hacía meses.
OPERACION CORAL
La “Operación Coral”, es otro caso que involucra a un conjunto de personas, quienes según el Ministerio Público integran un «entramado» militar, policial, societario y religioso que actuó en perjuicio del Estado dominicano.
La Pepca solicitó medida de coerción en contra del exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; la asimilada de la Policía y pastora Rossy Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora y miembro de la Policía, Tanner Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
A estos seis, la Pepca los acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Sin embargo, en el mismo expediente de 195 páginas donde el Ministerio Público desglosa el “modus operandi” del supuesto entramado, se mencionan otros nombres de personas que hasta el momento no han sido imputadas.
OPERACIÓN CARACOL
La “Operación caracol” se asocia a la investigación contra la Cámara de Cuentas, una apelación inequívoca a la lentitud, característica a la que vincula a este organismo autónomo del Estado dominicano.
¿Cómo son los caracoles? Una simple búsqueda en internet y el primer atributo de los caracoles es la lentitud. El Pepca dice tiene razones para investigar que los tres años y seis meses que le ha tomado a la Cámara de Cuentas terminar la auditoría del caso Odebrecht puede ser considerado obstrucción de la justicia por lentitud.
El Pepca también investiga al pleno de la Cámara de Cuentas saliente, que incluye al ex presidente del organismo Hugo Francisco Álvarez Pérez y a los demás ex miembros, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, por la lentitud con la que el organismo ha manejado las auditorías a las obras por supuestos delitos de corrupción administrativa, que incluye el lavado de activos.
