Estados Unidos. La decisión del Gobierno de Donald Trump de eliminar los límites a las emisiones de dióxido de carbono de algunas plantas eléctricas de carbón y gas ha encendido el debate en Estados Unidos. La medida, anunciada el lunes 14 de septiembre en Houston, Texas, busca darle más libertad a las empresas energéticas, pero también ha generado preocupación por sus posibles efectos en la salud y el medioambiente.
Desde la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dirigida por Lee Zeldin, aseguran que las reglas eliminadas eran demasiado costosas para las compañías y que su eliminación podría ayudar a reducir el precio de la electricidad. El Gobierno calcula que el cambio podría representar ahorros de hasta 310 mil millones de dólares y facilitar una mayor producción de energía para hogares, industrias y centros de datos.
Sin embargo, organizaciones ambientales y varios funcionarios estatales no están de acuerdo con la decisión. Advierten que permitir mayores emisiones podría aumentar la contaminación del aire y traer consecuencias para la salud de las comunidades. Algunos grupos ya anunciaron que llevarán el caso a los tribunales para tratar de detener la medida.
Las normas eliminadas habían sido aprobadas en 2024 durante el Gobierno de Joe Biden y buscaban reducir la contaminación de las plantas eléctricas, incluyendo medidas para capturar hasta el 90 % del dióxido de carbono en determinadas instalaciones. Según estimaciones de esa administración, las reglas podían evitar alrededor de 1,200 muertes prematuras en 2035 y generar unos 120 mil millones de dólares en beneficios relacionados con la salud hasta 2047.
El tema, por eso, va más allá de una simple pelea política entre gobiernos. Para la población, la discusión gira alrededor de dos asuntos bien concretos: cuánto se pagará por la electricidad y qué tan limpio será el aire que respiran las comunidades. Mientras Trump apuesta por los combustibles fósiles para aumentar la producción energética, sus críticos temen que flexibilizar los controles termine pasando factura a la salud y al medioambiente. La decisión abre así una nueva discusión sobre qué costo está dispuesto a asumir la sociedad para tener más energía disponible.
