Desorden

La Romana, RD.- La provincia de La Romana, a pesar de ser la tercera ciudad de menor tamaño del país, con tan sólo unos 653.95 kilómetros cuadrados de extensión territorial, está considerada como uno de los polos turísticos más importantes de la República Dominicana.

No obstante, a su limitado espacio geográfico, cuenta con un aeropuerto, dos muelles turísticos,
hermosas playas e islas y a raíz de esto, se han multiplicado la cantidad de establecimientos comerciales. Debido a la actividad turística, el trajín comercial en esta demarcación se hizo más notorio cada día, lo que aumentó significativamente los aportes de esta demarcación a la economía nacional.

El último boletín de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicado en junio de este
año, realizado con datos estadísticos territoriales del fisco del 2018, establece que hay un total de 558 mil 270 contribuyentes registrados. De esa cantidad, 343 mil 898 son personas físicas y 214 mil 372 personas jurídicas (empresas), representando el 61.6% y el 38.4% respectivamente.

En esta localidad, de acuerdo al informe de la DGII, figuran unos 4,851 establecimientos comerciales o empresas registradas ante el órgano recaudador, lo que representa el 2.3% de participación a nivel nacional. Las casi 5 mil empresas distribuidas en distintos sectores
de esta provincia, reportaron ante impuestos internos 10,324.5 millones de pesos en beneficios.

Sin embargo, no todos los negocios establecidos en esta demarcación están cumpliendo rigurosamente con los compromisos formales en materia tributaria ante el Estado dominicano, como establece la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.

Cabe destacar que, debido a la pandemia, miles de personas perdieron sus empleos formales y se
vieron en la necesidad de emprender un negocio en el área informal, como un mecanismo de defensa para poder subsistir durante estos meses de inoperatividad de miles de empresas a nivel nacional.

Realidad

Hasta la semana pasada, la Cámara de Comercio y Producción de esta localidad, de acuerdo a su
base de datos, informó que tiene en su registro unas 6 mil 900 empresas formalizadas. Esto quiere decir que entre la cifra suministrada por la DGII y esta organización que representa el sector comercio en esta demarcación, se refleja una diferencia de unas 2,049 personas jurídicas que podrían no estar registradas ante el ente recaudador. Elizabeth Souffront, quien labora en la Cámara de Comercio de esta ciudad, indicó que la realidad es que hay muchos establecimientos comerciales registrados pero la población de informalidad en La Romana es más alta.

Dice que esta acción puede deberse a desconocimiento del ciudadano y en la mayoría de las veces, el temor al pago de impuestos. Dijo que la diferencia de valores entre los comercios asentados en la DGII y los de la Cámara de Comercio podrían deberse a una serie de variables, tales como la eliminación de compañías que se han disuelto, compañías que han hecho cierre registral, compañías inactivas, compañías que están dadas de baja, entre otras.

Para comprobar la veracidad de los valores antes mencionados, este medio hizo un recorrido por
los negocios ubicados en las avenidas más importantes de esta localidad, tales como la Santa Rosa,
Teófilo Ferry y la Pedro A. Lluberes, donde de cinco personas consultadas tres trabajaban de manera ilegal.

Rosa Martínez (nombre ficticio), quien reside en una de estas calles, habilitó el área de su marquesina y ahora posee un salón de belleza. En la actualidad cuenta con dos empleadas. La estilista, tras ser consultada, manifestó que montó su negocio desde que se quedó sin trabajo por la pandemia, el mismo tiene cinco meses operando y no realiza los pagos tributarios que debería.

En la misma situación que ella se encuentra María López, quien rentó un local hace más de dos
años, el cual lo ha utilizado para la venta de ropas y otros artículos del hogar, tanto nuevos como usados. Dice que los únicos gastos que tiene son de alquiler del lugar y la compra de la mercancía. Asegura no se visualiza pagando algo más.

A diferencia de ambas mujeres comerciantes, el mecánico Francisco Augusto Pérez Báez, es propietario de un taller de auto repuestos ubicado en la calle Fray Juan de Utreras y cuenta que tiene más de 15 años trabajando de manera formalizada. En el lugar tiene unos cuatro empleados y asegura cumple con todos sus compromisos formales ante la ley.

â??No considero justo que a estas alturas del juego existan personas que posean negocios y no cumplan con el pago de sus impuestos al Estado, todos somos iguales y las mismas dificultades que puede presentar es apersona, la puedo tener yo y aun así cumplo con mis deberes como ciudadano formalizadoâ? puntualizó.

Política tributaria idónea

El economista Axel Rijo Santana, dijo que la cantidad de establecimientos comerciales que operan de forma informal son cada vez más altos. â??Te puedo decir que en República Dominicana el total de
régimen de informalidad supera el 50%, exactamente el 58.9% para octubre del año pasado. â??Lo cual es bastante altoâ? manifestó.

A su entender, considera que para evitar que siga incrementándose la informalidad y los empleados de dicho sector en un futuro sufran amargamente las consecuencias de haber vivido hasta 30 años bajo la sombra del sector informal, es que las autoridades creen un sistema tributario con bajas tasas y amplias bases.

â??Cuando hablo de amplias bases lo que quiero decir con esto es que se cobre a todo el mundo, pero una menor tasa de impuestos. Creo que esto sería muy conveniente, incluso creo que el ITBIS debería ampliarse, básicamente a todos los productos, pero bajando la tasaâ? indicó el especialista.

Como mecanismo para desincentivar la informalidad indicó que el Estado debe crear herramientas o algún tipo de alternativas que eviten que los ciudadanos se desvíen de la formalidad para evitarse pagar los costos onerosos de la ley.

â??Cuando hablamos que el costo laboral incluye el salario que devengan los trabajadores y otros
costos que tienen que asumir las empresas, estos costos se vuelven muy altos, entonces se opta por
emplear por fuera y de esta manera, se aumenta la informalidad� puntualizó.

Esto es sin mencionar la cantidad de beneficios que dejaría de percibir este trabajador informal,
como por ejemplo ser privilegiados con programas de ayudas gubernamentales, ser registrado en la
Tesorería de la Seguridad Social (TSS), tampoco estaría cotizando para ninguna de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y demás.