El drama de los accidentes de tránsito en República Dominicana tiene en los motoristas a sus principales víctimas. Cada día, lesiones permanentes, muertes evitables y familias afectadas evidencian la gravedad de un problema que hace tiempo evolucionó hasta convertirse en una crisis de seguridad pública. Lo preocupante es que esta realidad transcurre entre el desorden vial, la falta de controles y una cultura de incumplimiento que expone, sobre todo, a los sectores más vulnerables.

Lo que ocurre en La Romana es apenas un reflejo de una problemática nacional. Que siete de cada diez motoristas accidentados no tengan licencia, seguro ni, en muchos casos, casco protector, revela no solo irresponsabilidad individual, sino un fracaso institucional. Las cifras locales sirven de ejemplo de lo que ocurre en todo el país. Miles de conductores se desplazan al margen de la ley, sin preparación suficiente y en condiciones de alto riesgo.

Resulta alarmante que, pese a ser el mayor parque vehicular, los motoristas tengan una mínima proporción de licencias emitidas y que gran parte repruebe exámenes básicos de tránsito. Eso expone debilidades alarmantes en educación vial, fiscalización y políticas públicas.

Pero también demuestra que el Estado ha sido incapaz de incorporar formalmente a un sector que, para muchos, representa un medio de sustento. A ello se suma el caos en las vías, puntos negros sin corregir y una débil aplicación de la ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Más educación, controles efectivos, infraestructura segura y acceso real a la regularización son urgencias impostergables.