A raíz del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón-Punta Cana, los pobladores del distrito municipal turístico se están planteando una pregunta que trasciende el destino turístico porque tiene repercusión nacional. ¿Qué desarrollo queremos y cual no se debe permitir? Punta Cana es una extraordinaria historia de éxito. La inversión privada ha generado empleos, riqueza, infraestructura y oportunidades. Defender ese modelo es proteger una de las principales fortalezas de nuestra economía. Pero también debemos protegerlo de su mayor amenaza: clientelismo político, afán desmedido de lucro, y un crecimiento sin límites, planificación ni visión de futuro.

No queremos un desarrollo que confunda progreso con cemento, ni multiplique proyectos, sin evaluar la capacidad del territorio, el agua, las carreteras, el saneamiento, los residuos, los ecosistemas y los servicios públicos. Tampoco debemos dejar de lado el rigor técnico por sentimentalismo y la exageración de las emociones, sin nada más que eso respalde posiciones sin base y por tanto irracionales. La sostenibilidad del destino y sus pobladores está por encima de todo eso.

La inversión es fundamental, pero no está por encima del bien de todos. Hay que respetar la ley, proteger los recursos naturales, contribuir al ordenamiento territorial y generar bienestar colectivo. Aquí surge la responsabilidad indelegable del Estado. Éste debe escuchar a inversionistas, empresarios, comunidades, trabajadores, gobiernos locales y especialistas. También debe evaluar sus planteamientos con rigor técnico, económico, ambiental y social.

Pero escuchar y analizar no pueden convertirse en excusas para retrasar decisiones trascendentales sin fecha fija. Eso es populismo del más barato. El Estado y sus distintas instituciones tienen el deber de decidir. Cuando existan intereses contrapuestos, debe procurar un equilibrio legítimo entre inversión y bienestar colectivo, haciendo prevalecer el interés general cuando sea incompatible con un interés particular descabellado y carente de base legal y técnica. Un Estado responsable no puede anteponer los intereses políticos del partido de gobierno ni ser un espectador ni convertirse en subordinado de intereses particulares por encima del interés general del país.

Se debe exigir que las autoridades estudien seriamente las divergencias y propuestas, las sometan a evaluación técnica independiente y adopten las decisiones correspondientes conforme a la ley, al ordenamiento territorial y al interés colectivo. Porque gobernar no es complacer a todos. Gobernar es escuchar, analizar y decidir con la firmeza necesaria para proteger los objetivos logrados para el bien común.

Punta Cana necesita seguir atrayendo inversión, pero también requiere instituciones y gestores capaces de tomar decisiones, organizar y conducir su crecimiento. El futuro no puede quedar en manos de aquellos cuyos postulados no están respaldados objetivamente por el peso indiscutible de los datos técnicos. Debe estar regido por la ley, la razón técnica y el interés colectivo. Ese es el desarrollo que deseamos construir y el que el Estado tiene la obligación de garantizar cuando el rigor técnico es irrefutable y lo respalda.