Sin carrera administrativa real, cada cambio de gobierno reinicia el reloj del Estado promoviendo el clientelismo político. Y tercero, mecanismos vinculantes de rendición de cuentas — contraloría independiente, fiscalía autónoma, acceso ciudadano efectivo a la información, veeduría y contraloría ciudadanas — donde la no transparencia tenga reales repercusiones legales y no un teatro anual sin consecuencias. Las instituciones deben funcionar con independencia de quién gobierne. Sin carrera administrativa real, cada cambio de gobierno reinicia el reloj del Estado promoviendo el clientelismo político. Y tercero, mecanismos vinculantes de rendición de cuentas — contraloría independiente, fiscalía autónoma, acceso ciudadano efectivo a la información, veeduría y contraloría ciudadanas — donde la no transparencia tenga reales repercusiones legales y no un teatro anual sin consecuencias. Las instituciones deben funcionar con independencia de quién gobierne.

Esa es precisamente la diferencia entre un Estado proactivo al servicio de la comunidad y una maquinaria gubernamental al servicio de un partido o un grupo. El liderazgo político debería tener la voluntad de descentralizar el poder, profesionalizar la administración y someterse al escrutinio público sin excepciones. Esa es la reforma estructural que no debe esperar más tiempo: no la que llega al gobierno solo para cambiar el logo del partido en el poder; sino la que transforma de raíz la relación entre el poder y el ciudadano.

Sin ella, cualquiera que gobierne seguirá siendo más de lo mismo. Un llamado sin rodeos El pluripartidismo dominicano lleva décadas compitiendo por el control del Estado sin cuestionar su diseño. Es hora de que los tres partidos mayoritarios, junto al resto del liderazgo nacional, pongan sobre la mesa una agenda de reforma institucional que trascienda el ciclo electoral. La descentralización, la carrera administrativa, el pacto nacional anticorrupción, la independencia del Poder Judicial, reforma fiscal, etc. no pueden seguir siendo promesas de campaña que se archivan el día de la toma de posesión. Sector empresarial El empresariado dominicano ha aprendido a prosperar dentro de un sistema «muy sui generis».

Las concesiones especiales sectoriales deben responder a criterios específicos bien definidos relacionados con competitividad y áreas estratégicas del país, etc. El sector productivo debe disfrutar de estado de derecho, reglas claras y justas. Sus estrategias y acciones deben promover la productividad y la inversión de calidad, para ser más competitivos y generar más negocios y empleos dignos. Un Estado con instituciones fuertes, contratos respetados, justicia predecible, territorios ordenados y con infraestructura funcional, etc crea un clima de crecimiento exponencial de la inversión.

Sociedad civil Las organizaciones civiles: iglesias, academias, medios independientes, colegios profesionales y comunidades organizadas son el único contrapeso real ante el poder cuando las instituciones formales fallan. Su responsabilidad en este momento histórico es monumental: documentar, denunciar, proponer y movilizar. La equidad socioeconómica y la justicia no caen del cielo—las construyen ciudadanos que exigen rendición de cuentas con datos, argumentos y, cuando es necesario, con presencia en la calle. La pasividad cívica es también una forma de complicidad con el estatus político del momento. La República Dominicana tiene los recursos, el talento y la posición geográfica para ser una nación de primer orden en la región. Lo que le falta no es potencial: le falta la decisión colectiva de construir el Estado que ese potencial merece. Ese momento ha llegado. Cada año de demora es una generación que paga el precio de la falta de acción.