El Distrito Municipal Verón-Punta Cana es, a la vez, el mayor generador de divisas turísticas del país y el ejemplo más elocuente de crecimiento sin control. Durante décadas, las ausencias de autoridades nacionales/locales y de normativas, permitieron un desarrollo totalmente errático y desorganizado: lotificaciones y proyectos inmobiliarios sin planificación y sin espacios ni equipamientos necesarios como plantas de tratamientos de agua, calles asfaltadas, aceras y contenes, áreas verdes, sistemas de recolección de aguas residuales, etc., presión sobre acuíferos, deforestación, comunidades excluidas del auge económico que las rodea y en numerosos ejemplos, estafas a compradores nativos y extranjeros.

El nuevo plan de ordenamiento territorial, elaborado al amparo de la ley # 368-22 que finalmente dota a la región de un marco técnico para decidir qué se construye y dónde, no es un capricho burocrático de nadie: es la última oportunidad de corregir el rumbo antes de que el propio destino turístico colapse bajo su propio peso y el bulto irresponsable de funcionarios y políticos. Su importancia trasciende lo urbanístico.

Un plan serio protege las fuentes de agua de las que depende toda la comunidad y la industria turística, preserva los últimos remanentes de bosque y humedal que amortiguan huracanes e inundaciones, y ordena la relación entre las comunidades locales e inversionistas que las rodean sin absorberlas. Sin ese marco, cada decisión de uso de suelo queda expuesta a la negociación vendedor-comprador, al favor oporpolítico o a la capacidad de presión de quien tenga más recursos, y ese fue exactamente el modelo que produjo el desorden actual.

Si el plan no se aprueba, o se aprueba, pero se diluye en la implementación, el resultado previsible es la profundización del caos actual: más suelo agrícola y forestal convertido en cemento, más vulnerabilidad ante eventos climáticos, colapso de los servicios de agua y saneamiento, y la erosión progresiva del atractivo mismo que sostiene la industria turística y a todos. Un destino que destruye su entorno para venderlo termina por no tener nada que ofrecer. La experiencia regional es clara: allí donde el turismo de masas avanzó sin planificación, la rentabilidad de corto plazo terminó pagándose con la pérdida de competitividad de largo plazo y potencialmente la desaparición.

En ese contexto se inscribe la controversia de La Ceiba y El Salado, donde propietarios reclaman que sus tierras, clasificadas como no urbanizables por su vocación agrícola y forestal, sean recalificadas para venderlas a grandes proyectos inmobiliarios o de infraestructura. Es una diferencia legítima entre ellos y el POT; pero que no se resuelve ignorando a ninguna de las partes, ni cediendo automáticamente ante las expresiones de presión o terror de un grupo; sino con instrumentos técnicos que reconozcan y delimiten ambos derechos sin cederlos gratuitamente.

Se impone pues, la aprobación del POT Verón con artículos transitorios que indiquen la fecha de inicio y término de una revisión técnica participativa, con estudios de capacidad de carga, riesgo hídrico y valor ecosistémico, etc., que dé certeza jurídica a ambas partes. El retraso de la aprobación de un instrumento como el POT Verón, es inadmisible, tanto como el no ofrecer una ruta oficial de solución técnica, racional y conclusiva al diferendo presentado entre propietarios de terrenos y el Estado Dominicano. El ordenamiento territorial no es enemigo del desarrollo: es la condición para que este destino turístico no desaparezca y sea sostenible. Verón-Punta Cana tiene ante sí una decisión trascendental que debe tomar sin pausa y que trasciende a esta generación de autoridades y propietarios.