El abandono relativo del Gobierno central frente a las necesidades de Punta Cana revela una visión reduccionista del rol del Estado en zonas turísticas de gran desarrollo. La percepción de que, por ser un destino de lujo, el sector privado debe asumir el peso de las soluciones comunitarias, es a todas luces equivocada. Es cierto que las empresas tienen un deber social ineludible, y en muchos casos lo han asumido, pero esto no libera al Estado de su obligación constitucional de garantizar derechos fundamentales como educación, salud, seguridad y movilidad.

La falta de una política pública integral para responder al crecimiento poblacional de Punta Cana se traduce en deficiencias notorias en ámbitos tan vitales como la seguridad vial. A diario se registran accidentes, muchos de ellos fatales, que podrían reducirse con una adecuada planificación de tránsito, más presencia de autoridades y una infraestructura acorde con la densidad demográfica y vehicular. Sin embargo, los controles son mínimos, y la prevención parece quedar relegada a un segundo plano.

En el ámbito educativo, la insuficiencia de cupos escolares refleja una contradicción: mientras Punta Cana aporta grandes beneficios económicos al país mediante el turismo, sus familias enfrentan limitaciones para acceder a un derecho básico como la educación pública. Esta situación obliga a muchos padres a recurrir a centros privados que no todos pueden costear, generando desigualdad en una comunidad que ya experimenta fuertes contrastes sociales.

La delegación tácita de responsabilidades al sector privado es, en última instancia, una renuncia del Gobierno a su papel de garante de derechos. Punta Cana no puede ser vista solo como una “zona de inversión y glamour”. Detrás de esa fachada vive una comunidad con demandas legítimas. Ignorar esto significa sembrar tensiones sociales que tarde o temprano afectarán también el propio motor turístico.