La inseguridad vial en Punta Cana se ha convertido en una herida abierta que no deja de sangrar. Cada semana, los medios locales y nacionales reportan accidentes con saldo mortal, tragedias que se suman a una larga lista de víctimas que pudieron haberse evitado. Sin embargo, las autoridades parecen resignadas a limitarse a declaraciones y promesas que rara vez se traducen en soluciones prácticas. Y mientras la opinión pública pide a gritos la intervención urgente ante un flagelo que cobra vidas diariamente, en las calles de la zona turística continúa reinando el desorden vial.

La falta de respuestas concretas de las autoridades convierte cada jornada en una ruleta de riesgos mortales para residentes y visitantes. A este escenario se suma el mal estado de vías tan significativas como el Bulevar Turístico y la debilidad en su rol fiscalizador de la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett), lo que revalida la percepción de que la seguridad vial de Punta Cana no está en el centro de las prioridades de las autoridades gubernamentales.

En contraste, el Grupo Puntacana avanza en la construcción de un elevado en el cruce de los Manantiales, una obra financiada con recursos privados que debería servir de ejemplo al Gobierno. Si un sector empresarial entiende la necesidad de estas intervenciones, ¿por qué las autoridades no logran responder con la misma determinación? Punta Cana es la principal vitrina del turismo dominicano. Permitir que las carreteras sigan siendo espacios de muertes y lesiones afecta la vida de residentes y trabajadores y empaña la imagen internacional del destino.