En Babilonia, el Código de Hammurabi ya mencionaba la importancia de documentar acuerdos por escrito. Esta práctica de registrar convenios evolucionó a lo largo de los siglos hasta llegar a los tabelliones romanos (siglo I a. C.), quienes eran escribas públicos que validaban contratos con valor probatorio, oficio que antecedió a la figura del notario que conocemos hoy.

No obstante, esta metodología de validación documental no ha estado exenta de falencias. En 1911, en la República Dominicana, se promulgó la Ley sobre División de Terrenos Comuneros, la cual pretendía eliminar la copropiedad existente en los terrenos compartidos. Esta ley es considerada la primera iniciativa del Estado dominicano para regular la propiedad inmobiliaria.

Durante todo el siglo XX, esta y otras normativas fueron fortaleciendo las regulaciones del sector. En 2005, el desarrollo de nuevas tecnologías permitió la implementación de sistemas digitales de mediciones y GPS para determinar la ubicación precisa de los terrenos. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes para evitar la duplicidad de títulos ni estafas inmobiliarias de todo tipo.

¿Qué es blockchain y cómo puede ayudar esta tecnología? En 1982, un criptógrafo y matemático teórico llamado David Chaum propuso por primera vez un protocolo colo similar a la cadena de bloques, cuya finalidad era garantizar que las marcas de tiempo en los documentos no pudieran ser alteradas. Años más tarde, el primer blockchain fue implementado por Satoshi Nakamoto en 2009 como un componente central de la criptodivisa Bitcoin, donde sirve como registro público de todas las transacciones realizadas.

En términos llanos, la blockchain es un libro de contabilidad digital distribuido (con muchas copias), que es inmutable y transparente. Funciona de tal forma que, cada vez que se registra un cambio, este se replica automáticamente en todas las copias del libro digital, asegurando que todos los nodos mantengan la misma información. Así se evita que datos no verificables entren al sistema. Imaginemos que el ciudadano Juan posee el título de una propiedad y desea venderla.

Cuando Juan le vende a Pedro, se genera un registro único, verificable y rastreable en toda la red de nodos. De esta forma, un tercero no podría alegar que el título pertenece a él, ya que es muy fácil comprobar a quién corresponde, de manera rápida y sin complejidades burocráticas. La implementación de esta tecnología no solo brinda garantías entre las partes, sino que también automatiza los impuestos asociados a las transacciones inmobiliarias.

Mediante el uso de contratos inteligentes, instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Catastro, el Banco Central o la Jurisdicción Inmobiliaria pueden tener acceso directo y auditable al sistema. Asimismo, el ciudadano podría verificar propiedades en un portal basado en blockchain, lo cual desincentivaría el fraude y protegería a los más vulnerables: adultos mayores, compradores primerizos y migrantes.

El Estado debería migrar hacia contratos inteligentes en los títulos inmobiliarios para garantizar transparencia, seguridad y eficiencia en el registro y transferencia de propiedades. Al usar tecnología blockchain, se reducirían los fraudes, la falsificación de documentos y la burocracia, permitiendo transacciones automatizadas y verificables en tiempo real.