Oscar Quezada oquezada@editorabavaro.com
SANTO DOMINGO. Con el propósito de hacer posible su deseo de optimizar el servicio de llamadas de emergencias al 911, el gobierno decidió darles una nueva oportunidad a los usuarios de teléfonos pre pagos que aún no registran o validan sus números. El primer plazo para cumplir con esta exigencia venció el pasado jueves, a las 12:00 de la medianoche. Pero al día siguiente, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) concedió otros 90 días a los titulares de teléfonos pre-pagos, para que validen las líneas telefónicas a su nombre ante sus correspondientes prestadoras de servicios. La decisión está contenida en la resolución 027-14, de fecha 9 de junio, que establece que transcurrido el plazo de validación de identidad, las telefónicas en lugar de cancelar, suspenderán provisionalmente por un período de hasta noventa (90) días, aquellas líneas que no hayan sido validadas. Pero advierte que vencido este plazo, aquellos usuarios que no haya validado sus datos se les suspenderán de manera definitiva las líneas. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, los prestadores podrán eliminar cualquier línea telefónica que no haya sido contratada por los usuarios y aparezcan registrados a nombre de ellos. Indotel admitió que no cuenta con la plataforma tecnológica para determinar cuántas líneas telefónicas fueron suspendidas por la medida al vencer el plazo de validación.
Un alivio
Esta información lleva tranquilidad a miles de personas que a pesar de las reiteradas advertencias y orientaciones al respecto, todavía no habían validado sus líneas tele- fónicas. Sin embargo, el gobierno parece decidido a no dar su brazo a torcer en su intención de suspender los teléfonos prepagos, popularmente bautizados como “macos”. La idea de regular la existencia de estos teléfonos surgió como consecuencia del caos que se produjo en los primeros días en que fue estrenado el sistema de llamadas de emergencias 911. Decenas de miles de personas llamaron hasta para pedir pizzas y cervezas, lo que motivó a las autoridades a buscar una rápida solución, para evitar que este proyecto fracase por falta de conciencia ciudadana sobre su real utilidad. Y es que gran parte de los dominicanos optan por comprar teléfonos con chips vendidos en las calles, donde sus promotores los ofertan activados con tarjetas, pero que no están debidamente registrados en ninguna compañía telefónica. Esto facilita que quienes llaman para jugar bromas a través del 911 actúen bajo impunidad, al no poder ser rastreadas con facilidad por las autoridades. A las operadoras telefónicas se les otorgó un plazo de 6 meses para llevar a cabo los registros necesarios.
