Ecuador.— Una jueza ecuatoriana ordenó la liberación inmediata de 28 hombres que formaban parte de las tripulaciones de los pesqueros Montecristi y Don Rufo, luego de determinar que no había pruebas suficientes para llevarlos a juicio por supuestas actividades relacionadas con el narcotráfico.

La decisión llega después de una situación que ha generado cuestionamientos dentro y fuera de Ecuador: las dos embarcaciones fueron atacadas y hundidas por fuerzas militares de Estados Unidos en aguas del océano Pacífico, bajo el argumento de que eran utilizadas para apoyar operaciones del narcotráfico.

La defensa de los tripulantes sostuvo que durante el proceso la Fiscalía no logró presentar elementos que demostraran la participación de los trabajadores en actividades ilegales.

Steven Alvia, abogado de varios de los marineros, afirmó que no existían bases suficientes para mantener las acusaciones.

Los tripulantes fueron llevados hasta San Cristóbal, en Galápagos, para presentarse ante las autoridades ecuatorianas, una actuación que la defensa calificó como irregular.

Con esta nueva decisión, ya son 56 los trabajadores del mar que han quedado absueltos en procesos relacionados con los pesqueros Montecristi, Don Rufo, Conquista 2 y OM2.

Mientras tanto, otros 32 tripulantes permanecen bajo medidas cautelares, aunque pueden continuar en libertad mientras avanzan las investigaciones por una posible asociación ilícita.

El asunto va más allá de una simple decisión judicial. Los ataques forman parte de una serie de operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones en aguas internacionales, bajo la estrategia de Washington de golpear las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Estados Unidos ha defendido estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico marítimo y cuenta con el respaldo del Gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Pero las decisiones tomadas posteriormente por los tribunales ecuatorianos ponen el foco en otro problema: ¿qué pasa cuando una operación militar se realiza bajo sospechas que después no logran ser respaldadas con pruebas suficientes ante un tribunal?

La liberación de los tripulantes no significa que las autoridades hayan determinado que no existía ninguna actividad sospechosa alrededor de las embarcaciones. Lo que sí deja claro el proceso judicial es que, hasta el momento, no fueron encontradas pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a estos trabajadores.