Colombia. — A un mes del fuerte sismo que golpeó el occidente de Colombia, miles de familias afectadas todavía esperan una respuesta más rápida de las autoridades. En varias comunidades, la reconstrucción avanza a paso de tortuga, mientras damnificados continúan en refugios temporales y enfrentan dificultades para conseguir alimentos, viviendas y atención básica.

Uno de los puntos más afectados es Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Allí, familias vulnerables permanecen en condiciones precarias y algunas han tenido que colaborar con sus propias manos en la limpieza y remoción de escombros.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 9 de septiembre, el desastre deja 331 personas fallecidas, 4,505 heridas y 111 desaparecidas. Además, unas 466,709 personas y 296,738 familias resultaron afectadas en 16 departamentos y 498 municipios.

El informe también registra 202,002 viviendas averiadas y 36,326 destruidas, además de daños importantes en escuelas, centros de salud, vías y otras instalaciones públicas.

Mientras las comunidades siguen esperando soluciones, sectores sociales y dirigentes comunitarios cuestionan la respuesta del Gobierno y reclaman mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a la emergencia.

Las organizaciones piden que se aceleren los diagnósticos técnicos, se identifiquen las zonas con mayores necesidades y se asignen recursos suficientes para garantizar techo, comida y servicios básicos a las familias damnificadas.

En el Congreso también crecen los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos, en medio del aumento de la deuda y de posibles cambios tributarios. Para las comunidades, sin embargo, el mensaje es claro: ahora mismo la prioridad debe ser atender a la gente que lo perdió todo.

La respuesta de Venezuela también ha entrado en el debate regional. Tras el evento sísmico que afectó la zona, las autoridades venezolanas han mostrado un despliegue de atención y planes para la entrega de viviendas y asistencia a las familias afectadas.

Este contraste ha generado críticas entre sectores colombianos que consideran que Bogotá debió acelerar la ayuda y coordinar con mayor rapidez la asistencia nacional e internacional.

En medio de la incertidumbre, las comunidades afectadas reclaman que los enfrentamientos políticos pasen a un segundo plano y que se establezca un plan nacional de reconstrucción con participación de los propios damnificados.

La exigencia es sencilla: que la ayuda llegue, que los recursos se manejen con transparencia y que las familias puedan recuperar sus viviendas y sus condiciones de vida.