Oscar Quezada, oquezada@editorabavaro.com
SANTO DOMINGO. El magistrado titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer Landrón, reveló que la detección de fraudes eléctricos en Higüey no es más efectiva por la frecuente intervención de técnicos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este), en aspectos que son competencia de esa dependencia del Ministerio Público.
Ferrer Landrón asegura que la participación de esos técnicos en asuntos fuera de su jurisdicción entorpece el trabajo de la PGASE para enfrentar eficientemente este delito en esa zona del país. “Cuando ven un fraude, no pueden ellos (los técnicos) comenzar a proceder de manera personal, porque la Ley no los faculta y no saben darle el curso que corresponden y normalmente esos casos se caen”, denunció Ferrer Landrón.
Aunque por razones de comedimiento este funcionario del Ministerio Público prefiere llamarle “debilidad” de EDE Este, esta situación tiene que ver con las atribuciones de técnicos de esa y otras compañías de distribución eléctrica de ir más allá de su misión, que se limita solo a detectar los fraudes y reportarlos a la instancia correspondiente, en este caso la PGASE. En el 2012, este mismo funcionario dijo que entre 8 mil denuncias de fraudes eléctricos recibidos desde el 2009 figuraba el sometimiento a la justicia de 19 técnicos contratados por las empresas energéticas y que habían incurrido en este crimen castigado por la Ley 125.
Las autoridades intentan cuidarse de que esta intervención irregular de técnicos en el tratamiento de fraudes eléctricos pueda dar lugar a actos de corrupción, expresados en componendas con usuarios del servicio eléctrico para cobrarles dinero a cambio de no denunciar ante el organismo correspondiente la falta cometida. Ferrer Landrón considera que como responsable de gran parte de la distribución eléctrica en la provincia La Altagracia, EdeEste está obligada a jugar un rol más activo, en aras de ayudar en la aplicación de correctivos que eviten dislocaciones en las funciones pertinentes a cada entidad.
“La colaboración de EdeEste debe ser mayor en la detección de los fraudes, para nosotros acometer esos fraudes y procurador entonces la correspondiente sanción”, se quejó Ferrer Landrón. Dijo que a pesar de que se han hecho esfuerzos para corregir el problema, por esta misma distorsión el combate al fraude para el municipio de Higüey no ha sido igual de exitoso como en otras comunidades de la provincia La Altagracia. Lució insistente al dejar claramente establecido que las empresas de distribución eléctrica tienen el encargo de vigilar con sus técnicos el funcionamiento de sus medidores y el uso que dan sus clientes al servicio brindado, pero no de encarar legalmente los fraudes cometidos en su contra. Sin embargo, dijo que a raíz de varios encuentros realizados con ejecutivos de EdeEste esperan remediar considerablemente esta situación.
Gestión
Ferrer Landrón dijo que desde la creación de la PGASE, la gente se cuida mucho más de incurrir en conexiones ilegales en detrimento de alguna de las empresas distribuidoras de electricidad que se reparten el servicio energético a nivel nacional. “Una persona que a lo mejor entendía que eso no era nada, se da cuenta de que es un robo igual que cualquier otro y la verdad que la pasan feo. Eso ha traído como consecuencia que las pérdidas de las distribuidoras hayan disminuido de manera significa”, sostuvo Ferrer Landrón, en conversación con El Tiempo. Indicó que muchas personas han optado por regularizar su situación y han desistido de seguir recibiendo el servicio eléctrico de forma fraudulenta. “Eso se reporta como beneficio para el Estado dominicano y también para las compañías distribuidoras”, apunta este funcionario.
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico fue creada mediante el decreto número 107-09, que eliminó el decreto número 748-02 del Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico PAEF, siendo transfiriendo todos los activos, pasivos y programas a la esa dependencia. La Ley General de Electricidad número 125-01 en su artículo 125-5 dispone la creación de la PGASE, a la que le confiere potestad para dirigir y supervisar la política de persecución de los hechos punibles vinculados al sistema energético nacional. La PGASE trabaja en conjunto con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Superintendencia de Electricidad (SIE), Las Empresas Distribuidoras Edesur, Edenorte y EDE Este, y las demás empresas que conforman el Sitema Energetico Nacional, para perseguir y sancionar los delitos configurados por la Ley General de Electricidad número 125-01.
