LA ROMANA. Para nadie es un secreto que, dentro de centros penitenciarios a nivel nacional, existen los famosos “Gobiernos” que son dirigidos por preboste y otros reos más que lo acompañan. Éstos se dedican a cobrar “peajes” a los nuevos internos, para garantizarles su integridad física en el lugar, y de no pagar la “cuota de supervivencia”, son sometidos a innumerables torturas físicas.
La cárcel preventiva de esta ciudad no queda exenta de esta situación. Tras el incendio que se produjo en esta localidad la semana pasada, siniestro en el cual resultó muerto Rodolfo Jean Felipe y otros 23 reclusos presentaron quemaduras e intoxicación con monóxido de carbono, éste antiguo método de tortura se ha denunciado abiertamente tanto por autoridades municipales, así como también por familiares de los internos.
La primera persona que se pronunció y denunció estos hechos fue el regidor por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Rafael Ureña, quien precisó que la situación carcelaria es difícil, no sólo es la ciudad de La Romana sino también a nivel nacional y responsabilizó a la Policía Nacional de dejar que los prebostes dominen las cárceles, lo que lo convierte en un antro de corrupción.
“La Policía Nacional está llamada a velar por la seguridad de los privados de libertad, pero hacen todo lo contrario. Ellos son los que dan la autoridad a los prebostes para que den golpe, los teléfonos para éstos llamen a los familiares de los reos para que le envíen dinero, todo eso lo hace la Policía. Tener la preventiva llena de gente es un antro de corrupción”, indicó el concejal.
ENTRAMADO CORRUPTO
El regidor Ureña, del municipio Villa Hermosa, también culpó al Ministerio Público de esta localidad, del hacinamiento y la falta de salubridad que existe dentro del mencionado recinto. “Nosotros responsabilizamos a la Fiscalía de este Distrito Judicial porque son los que día a día por cualquier quítame la paja, están solicitando a los jueces dictar prisión preventiva y ahí se agrava aún más la situación, porque tirar hombres ahí sin espacio físico, sin alimentación, sin salubridad, es una situación muy difícil y provoca que se organicen los grupos llamados probots”, dijo.
Ureña indicó que a cada privado de libertad se le impone su medida coercitiva y es el juez, la persona que dictamina hacia dónde va a cumplir esa prisión y la mayoría de veces son enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama (CCR-15) y, sin embargo, lo dejan en la preventiva para semanalmente cobrarle dinero a la familia. “Se han visto casos hasta de abogados que han tenido que pagar 5 mil pesos por un reo ahí dentro para mantener a ese entramado de corrupción”, puntualizó.
Uno de los familiares que está viviendo dicha situación, es la señora Betty Rodríguez, quien es madre de Adonys Mejía, joven que guarda prisión en la cárcel preventiva de esta ciudad. La mujer, indicó que los privados de libertad de cada una de las celdas, deben pagar entre 15 a 16 mil pesos semanalmente a los agentes penitenciarios. “Ese negocio que ellos tienen ahí dentro se tiene que acabar, yo no lo pago ese dinero, pero mi hijo si y si aparece muerto, ellos lo mataron”, dijo la ama de casa.
Por su parte, Rafael Ureña, quien también es vicepresidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH), demanda una acción inmediata con relación a este tema y que los reos que estén en la cárcel preventiva, ya con dispositivos y medidas coercitivas aplicadas, deben ser enviados y guardar prisión en la cárcel modelo de Cucama. “Hacemos un llamado a la fiscal titular porque parece que no le importa, ni le interesa la integridad de los internos de esta cárcel”, puntualizó.
OTROS EVENTOS
El incendio provocado el pasado viernes no ha sido el único motín donde han muerto reclusos en la cárcel preventiva de La Romana. En el mes de junio del año pasado, un hombre identificado como Julio César Ortíz, murió luego de tras ser agredido físicamente por otros reclusos en el referido recinto penitenciario.
Sobre este acontecimiento se pronunció La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del municipio de Villa Hermosa en esta localidad, los cuales exigieron a las autoridades esclarecer el caso y que se abriera una investigación en torno al mencionado hecho criminal. Sin embargo, las autoridades penitenciarias ni el Ministerio Público, se refirieron al suceso.
Días después de la muerte de Ortíz, se registró otro motín por parte de los reclusos, los cuales en ese momento exigían ser atendidos tras darse un brote de contagio con Covid-19. Durante el tumulto, varios internos resultaron heridos. A raíz de los motines, que se han originado, las autoridades han ampliado y construido nuevas celdas. Hace veinte años, un oficial penitenciario tenía a su cargo una celda con 20 y 30 personas. Ahora deben de haber más de 200 reclusos por celdas y la capacidad máxima es 80, dijo el jurista Brígido Ruiz Cabral.
