El reciente colapso de una edificación de tres niveles en La Romana ha dejado una lección dolorosa: la supervisión de obras no puede seguir siendo una simple formalidad o un trámite administrativo sin consecuencias. Lo ocurrido revela fallas estructurales no solo en la construcción misma, sino en el sistema de supervisión que, en teoría, debería garantizar la seguridad de cada obra.

La construcción informal es una realidad en muchos barrios, y la falta de regulación adecuada incrementa el riesgo de desastres como el ocurrido en La Romana. El problema no es sólo la negligencia de quienes construyen sin asesoría técnica, sino también la indiferencia o incapacidad de las autoridades para fiscalizar efectivamente la construcción de infraestructuras.

La ausencia de supervisión permite que se levanten edificios sin garantías de estabilidad, poniendo en peligro a sus ocupantes y a toda la comunidad. A esto se suma la limitada capacidad de respuesta ante emergencias. Mientras en algunos pueblos hay personal competente para rescates en estructuras colapsadas, la falta de equipamiento limita su radio de acción.

Por ejemplo, en La Romana, ni siquiera existe un equipo especializado para esos casos. En la tragedia reciente, fue necesario movilizar unidades de rescate de distintas partes del país para atender una emergencia local. Esto evidencia una preocupante falta de previsión y recursos para enfrentar crisis que, lamentablemente, podrían repetirse. No podemos seguir normalizando esta situación. Las autoridades municipales y gubernamentales están obligadas a definir mejores criterios de supervisión, y a establecer acuerdos concretos que fortalezcan la fiscalización de obras.