LA ROMANA. El colapso de un edificio de tres niveles en el sector Villa Nazaret de La Romana, ocurrido el viernes 31 de enero, dejó una escena de dolor e indignación, pero también culpas compartidas expresadas en la falta de supervisión eficaz y seguimiento técnico a la construcción de obras.

Y el resultado fue fatal: tres personas perdieron la vida, incluido el maestro constructor de la obra y dos hermanos, mientras los rescatistas luchaban por salvar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

Si algo quedó, irrefutablemente probado con esta tragedia, fueron las serias y cuestionables deficiencias estructurales, y la ausencia de supervisión en la construcción, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas edificaciones.

FALTA DE PERMISOS Y DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES

Desde el momento del colapso, autoridades del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y del Ayuntamiento de La Romana acudieron al lugar y determinaron que la construcción no contaba con los permisos correspondientes. Además, a simple vista, los expertos identificaron fallos graves en el uso de materiales, especialmente en el acero y la dosificación del hormigón, que no cumplía con los estándares adecuados de resistencia y seguridad.

El arquitecto Héctor Mejía Sepúlveda «Memo» explicó que la estructura presentaba deficiencias tanto en sus elementos verticales (columnas) como en los horizontales (vigas). Detalló que las columnas deberían tener dimensiones de al menos 45×45 cm y una configuración de varillas de acero de 3/4″ a 3/8″. Sin embargo, la construcción colapsada tenía columnas de apenas 15×30 cm, con solo cuatro varillas de 1/2″ y estribos de 3/8″, lo que resultó insuficiente para soportar la carga.

Además, la mezcla de hormigón utilizada carecía de cemento suficiente, lo que debilitó aún más la estructura. Expresa que el hormigón adecuado para una columna de ese tipo es de 280 kilogramos por cada 10 centímetros cúbicos.

INSPECCIÓN DE CODIA Y ADVERTENCIAS PREVIAS

El sábado 1 de febrero, el presidente del CODIA, Carlos Eligio Mendoza Díaz, y el geólogo Osiris de León, presidente de la Comisión para la Supervisión de Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático, visitaron la zona del desastre y confirmaron que la obra carecía de la supervisión de un profesional acreditado. Mendoza Díaz señaló que el CODIA había emitido advertencias a los propietarios sobre la ilegalidad de la construcción, pero estas fueron ignoradas. Osiris de León alertó sobre la gravedad del problema de edificaciones mal construidas en el país, destacando que «si en ciudades como San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo y La Romana se desploman edificios sin la presencia de un terremoto, imaginemos lo que ocurriría el día que un sismo impacte la República Dominicana».

FALTA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN MUNICIPAL

Bárbara Guerrero, directora de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de La Romana, confirmó que su oficina había notificado en varias ocasiones a los responsables de la obra sobre la ausencia de permisos, pero no tomaron las medidas necesarias. «Estas son las consecuencias de confiar en maestros constructores sin la dirección de un profesional acreditado», afirmó Guerrero. Starling Leger, director regional Este de la Defensa Civil, también denunció la falta de supervisión y la informalidad en muchas construcciones en barrios de la región. «Muchas edificaciones se levantan sin intervención de profesionales calificados, lo que aumenta la vulnerabilidad de las estructuras», indicó.

DEBILIDADES EN LA RESPUESTA DE EMERGENCIA

El desplome afectó los dos niveles inferiores del edificio, dejando el tercer nivel suspendido, lo que complicó las labores de rescate. «La falta de planos estructurales retrasó la operación, ya que sin esta documentación los rescatistas deben improvisar sobre la marcha, poniendo en mayor riesgo a las personas», explicó Leger. Además, se evidenció la precariedad de los equipos de emergencia en la región Este.

Aunque San Pedro de Macorís cuenta con personal entrenado en búsqueda y rescate de estructuras colapsadas (USAR), no dispone del equipamiento adecuado. En La Romana, ni siquiera existe un equipo especializado. Para atender la emergencia, se movilizaron unidades avanzadas de la UNDRI (Defensa Civil), URON (Bomberos del Distrito Nacional) y la Unidad Humanitaria de Emergencia del Ejército (UHE), que trabajaron más de 12 horas para estabilizar la situación. «Un evento local se convirtió en una crisis nacional por la falta de capacidad de respuesta regional», agregó Leger.

RESPONSABILIDAD LEGAL Y PROTECCIÓN DE TRABAJADORES

El arquitecto Cirio Castillo Valdez explicó que en este tipo de incidentes, si los trabajadores estaban formalmente contratados, el empleador es responsable de garantizar condiciones seguras y responder ante cualquier incidente a través del Seguro de Riesgos Laborales de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Sin embargo, si los trabajadores no estaban registrados, quedarían desprotegidos, permitiendo que los contratistas evadan responsabilidades.

Asimismo, el experto indicó que la legislación dominicana establece que toda obra debe pagar un 4.50% de su valor total a la Superintendencia de Seguros para garantizar coberturas y fianzas, aunque este seguro no protege directamente a los obreros. En caso de negligencia, el contratista podría enfrentar consecuencias legales en ámbitos penal, civil y administrativo. Castillo Valdez explicó que aunque el impuesto del 4.50% sobre seguros y fianzas no está directamente enfocado en proteger al trabajador, algunas pólizas asociadas pueden ofrecer cobertura en caso de accidentes. No obstante, dijo que la mayor protección para los trabajadores proviene de la Seguridad Social y el cumplimiento de normas laborales por parte de los empleadores. El profesional explicó sobre el impacto que tiene este tipo de evento, determinado que, si el propietario acudió a un profesional de la construcción, un evento como este, puede acarrear consecuencias legales para el contratista en diversas áreas penal, civil y administrativa.

LLAMADO A LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

Las causas del colapso de la estructura podrían atribuirse a diversos factores, como el uso de métodos empíricos por personas no calificadas, errores en el diseño y cálculo estructural, uso de materiales de baja calidad, falta de estudio de suelo y modificaciones sin criterio técnico. Además, eventos ambientales como movimientos sísmicos o erosiones del suelo podrían agravar la situación.

Leger hizo un llamado urgente a las autoridades municipales y gubernamentales para que trabajen de manera coordinada en la regulación de las construcciones y el refuerzo de los equipos de emergencia. «La seguridad debe ser prioridad. Regularizar las edificaciones y mejorar la capacidad de respuesta pueden salvar vidas», indicó Leger. Este lamentable incidente en La Romana es un recordatorio de la necesidad de reforzar la fiscalización en la construcción, mejorar la preparación ante desastres y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción en la República Dominicana.

ACUERDO PARA EVALUAR SEGURIDAD DE EDIFICACIONES

Diversas instituciones del sector construcción y gestión de riesgos firmaron un acuerdo interinstitucional en Higüey para evaluar la seguridad estructural de las edificaciones en la provincia La Altagracia. El acuerdo beneficiará a toda la provincia de La Altagracia, con prioridad en edificaciones en proceso de construcción, estructuras antiguas con posible deterioro y edificaciones estratégicas que impactan la seguridad ciudadana y el turismo.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la resiliencia de la provincia ante desastres naturales y garantizar edificaciones seguras para sus habitantes. Esta iniciativa busca reducir vulnerabilidades ante desastres naturales y fallas constructivas, garantizando edificaciones más seguras para la población.

El acuerdo contempla la creación de una Comisión de Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo Estructural, que inspeccionará y clasificará edificaciones según su nivel de seguridad. La evaluación incluirá construcciones en proceso, edificaciones antiguas y estructuras críticas como hospitales, escuelas y centros comerciales.

Entre las instituciones que suscribieron el acuerdo figuran el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) La Altagracia; el Cuerpo de Bomberos de Higüey; el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED); la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), y los departamentos de Gestión de Riesgo y Planeamiento Urbano de Higüey y Verón-Bávaro-Punta Cana.