Ahora que el mundo enfrenta un momento complejo, marcado por el alza desmesurada de los precios del petróleo, resulta conveniente que la República Dominicana asuma este desafío con la seriedad que amerita y comience a realizar los ajustes que las circunstancias demandan. Las tensiones derivadas del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel han impactado el mercado energético global, elevando los costos y obligando al Gobierno a sugerir medidas de austeridad.

Este panorama, aunque externo, tendrá efectos directos en la economía local y en el costo de vida de los ciudadanos. En ese contexto, cobra aún mayor relevancia revisar con atención lo que ocurre dentro de nuestras propias dinámicas comerciales. Mientras se pide sacrificio a la ciudadanía, persisten distorsiones internas que las autoridades deberían atender sin demora, como la ineficiente regulación de los precios de bienes y servicios de consumo masivo.

Un reciente recorrido del periódico El Tiempo evidenció diferencias marcadas en los precios de productos básicos como el pollo, otras carnes y rubros esenciales como el plátano. No son variaciones mínimas propias del mercado, sino brechas significativas entre establecimientos que venden lo mismo y bajo condiciones similares. Esta disparidad no solo desconcierta al consumidor, sino que cuestiona la eficiencia de los organismos llamados a velar por el equilibrio del mercado.

En un escenario de presión inflacionaria, la falta de regulación efectiva amplifica el impacto sobre los hogares, especialmente los de menores ingresos, y deja al desnudo prácticas comerciales que rayan en el abuso. Es aquí donde el rol del Estado debe fortalecerse, no como un obstáculo para la actividad económica, sino como garante de transparencia. Si se exige prudencia al ciudadano, también debe garantizarse justicia en el mercado.