Al menos en teoría, el regreso a clases debería ser un momento de ilusión y expectativa para los estudiantes y las familias dominicanas. Sin embargo, el inicio de cada año lectivo representa una gran preocupación, por los costos crecientes de los útiles escolares, la escasez de cupos en centros educativos y la falta de infraestructura adecuada. La educación, como derecho fundamental, se ve amenazada por factores que dependen tanto de la economía familiar como de la gestión estatal. Este 2025, los aumentos son más que notables e insoportables.

Cuadernos, mochilas y uniformes registran alzas de hasta un 50% respecto al año pasado, mientras que libros y materiales de aprendizaje básicos se vuelven inaccesibles para muchas familias. Los padres deben destinar gran parte de sus ingresos solo para garantizar que sus hijos tengan lo indispensable para acudir a la escuela, comprometiendo incluso otros gastos esenciales del hogar.

A este cuadro se suma escuelas con años de construcción inconclusa, aulas saturadas y un sistema educativo incapaz de adaptarse al crecimiento de la matrícula estudiantil. Es inadmisible que este ciclo se repita año tras año: altos costos, falta de espacio y recursos limitados.

La situación exige medidas urgentes y efectivas del Gobierno Central, que incluya control de precios, apoyo a familias de menores ingresos y un compromiso real con la construcción y equipamiento de escuelas. Si no se actúa con determinación, cada inicio de clases seguirá siendo una carga económica y emocional para quienes más dependen de la educación, que es la comunidad estudiantil.