Lo ocurrido la semana pasada en varias provincias de la región Este no puede seguir tratándose como una simple sucesión de hechos aislados. Ocho vidas perdidas en apenas tres días no son una coincidencia, sino una señal clara, dolorosa e innegable de una crisis ignorada durante demasiado tiempo. Las carreteras del Este se han convertido en escenarios recurrentes de tragedias provocadas por factores conocidos: exceso de velocidad, débil fiscalización, imprudencia generalizada y una evidente ausencia de políticas sostenidas de educación vial.

Igual de alarmante es nuestro comportamiento ante tantas muertes trágicas. Cada accidente se reporta, se lamenta y se olvida. No hay consecuencias visibles ni cambios estructurales. Lo más preocupante es la falta de una reacción proporcional del Estado ante una problemática que ya desborda los límites de lo tolerable. La región Este no es cualquier territorio.

Es uno de los principales motores económicos del país, con un flujo constante de turistas, transporte de carga, trabajadores y residentes. Sin embargo, esa misma dinámica ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades.

Las carreteras operan bajo una lógica de riesgo permanente, donde la vida queda supeditada a la imprudencia y a la falta de control. No hay razón para más demoras. Este problema debe ser declarado de alta prioridad de Estado, con acciones concretas, medibles y sostenidas, que deben incluir fiscalización efectiva, control riguroso de velocidad y transporte pesado, intervención en puntos críticos y educación vial focalizada. El Estado debe decidir si continuará reaccionando de forma dispersa o asumirá con firmeza la seguridad vial como una política pública de primer orden.