SANTO DOMINGO. Desde el 1 de enero, las entidades de intermediación financiera (EIF) de la República Dominicana comenzaron a aplicar el valor razonable, también conocido como “mark to market”, como criterio obligatorio para medir sus instrumentos financieros, según lo dispuso la Junta Monetaria mediante la Cuarta Resolución del 20 de febrero de 2025. La medida busca que los bancos registren sus inversiones, como bonos, cuotas de fondos y otros valores negociables, a su precio real de mercado, o a estimaciones verificables cuando no existan precios observables.

Hasta ahora, gran parte de estas inversiones se contabilizaban a su costo amortizado, es decir, al precio de adquisición ajustado por primas o descuentos, sin reflejar completamente las fluctuaciones del mercado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó esta decisión en su declaración final tras la visita de consulta del Artículo IV correspondiente a 2025, felicitando a las autoridades dominicanas por los avances regulatorios.

La misión internacional resaltó que la adopción del valor razonable refuerza la transparencia, la protección al consumidor y la gestión de riesgos financieros, alineando al país con las mejores prácticas internacionales. El valor razonable permite que la información financiera de los bancos refleje con precisión la situación real del sistema, algo comparable a la importancia de los análisis médicos para evaluar la salud de una persona.

Sin datos actualizados, los supervisores, analistas e inversionistas no podrían conocer el verdadero estado de las entidades, lo que podría generar desconfianza o problemas en el sistema. Según datos de la Superintendencia de Bancos, al cierre de noviembre de 2025 el portafolio de inversiones de la banca dominicana alcanzó RD$1.03 billones, equivalente a aproximadamente el 25 % del total de activos. Esto significa que uno de cada cuatro pesos de los bancos está en valores negociables, lo que resalta la importancia de su correcta valoración.

El registro de inversiones a valor razonable no afectará directamente a los depositantes. Los ahorros continuarán protegidos por el Seguro de Depósitos del Fondo de Contingencia, vigente hasta RD$2.355 millones por persona. Sin embargo, la medida contribuye de manera indirecta a la credibilidad y estabilidad del sistema financiero, al garantizar que las pérdidas no realizadas se reflejen oportunamente y que la solvencia de las entidades se mantenga confiable.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

La implementación se realizará siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), principalmente las NIIF 9, 13 y 7, que establecen criterios de clasificación, medición y revelación de riesgos. Dependiendo del modelo de negocios de cada banco, las inversiones podrán registrarse de tres formas: 1. Trading: valores negociables para compra y venta inmediata, con ganancias o pérdidas reflejadas en el estado de resultados. 2. Disponibles para la venta: con impacto en el patrimonio y reflejando cambios en “Otros Resultados Integrales”. 3. Mantener hasta vencimiento: registradas al costo amortizado, similar al método anterior, pero ahora con ajustes más precisos según mercado.

El ejemplo más reciente que demuestra la importancia de esta práctica se dio en Estados Unidos en 2023, cuando la quiebra del Silicon Valley Bank evidenció cómo mantener inversiones a costo amortizado puede ocultar pérdidas no realizadas y generar crisis de confianza entre depositantes.

La entrada del valor razonable es un paso en la consolidación del sistema financiero dominicano como transparente, sólido y alineado con estándares internacionales, permitiendo que bancos, supervisores y usuarios cuenten con información precisa para tomar decisiones confiables. Además, fortalece la capacidad de la banca para absorber pérdidas inesperadas y protege los intereses de los ahorrantes.