PUNTA CANA. La tecnología, una herramienta que utilizada de manera responsable facilita tareas como la comunicación o agilizar procesos del trabajo diario, ha continuado su evolución, incluyendo dentro de las facilidades que ofrece poder satisfacer necesidades que, anteriormente, requerían de un esfuerzo físico para su cumplimiento.
Entre estas necesidades se pueden encontrar las transacciones bancarias, la adquisición de bienes y servicios, la comunicación constante con familiares y amigos y, en un escenario post-pandemia, el estudio y trabajo a distancia, una modalidad que se ha popularizado durante los últimos dos años trayendo consigo múltiples beneficios e inimaginables riesgos.
Y es que, tras una virtualización casi completa de los oficios y tareas del diario vivir de las personas en 2020, con la irrupción del virus del Covid-19, no solo el día a día se convirtió en un login en la computadora, sino que criminales llevaron sus estrategias a la era virtual buscando, por medio de la tecnología, un acceso fácil a bienes monetarios utilizando tácticas de engaño en perjuicio de los usuarios que navegan la web.
Pero, ¿qué tipo de delitos se cometen en la web? De acuerdo con la tipificación dada por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Altas Tecnologías, esta relativamente nueva modalidad de delitos abarca una amplia gama de actividades ilícitas, entre las que se pueden encontrar la difamación, injuria pública, pornografía Infantil, acoso sexual y robos en línea.
Además, entre los más comunes se pueden enlistar el chantaje, la estafa, transferencia electrónica de fondos obtenidos de manera ilícita, robos de identidad, obtención ilícita de fondos, falsificación de documentos y firmas y el uso de equipos digitales con el objetivo de invadir la privacidad.
¿QUÉ DICE LA LEY AL RESPECTO?
La referida ley, puesta en funcionamiento en noviembre de 2001, busca la protección de los sistemas de tecnología y el contenido que por medio de este se maneja, con la finalidad de prevenir delitos cometidos en contra de personas físicas o morales y para garantizar la integridad de los datos que se comparten a través de la web.
Dicha pieza plantea penalidades a los delitos que en ella se contienen que podrían incluir prisión, multas de hasta quinientos salarios mínimos y sanciones similares a penas por homicidio, intencional o inintencional, para crímenes en la web que pudieren atentar contra la vida de las personas.
INCURSIÓN EN RD
De acuerdo con un informe publicado por la plataforma Fortinet para Latinoamérica, durante el periodo que abarca los primeros tres meses del 2020, se registraron incrementos significativos en la cantidad de compañías creadas para dedicarse al phishing, como regularmente se le conoce a los atentados de robo de identidad o monetario a través de la web, con un promedio de 600 nuevas empresas durante los primeros meses del confinamiento aplicado por el Covid-19.
Esto representó un incremento de 131%, en comparación con un 17% del año 2019, en ataques digitales enfocados en la obtención de información personal o monetaria, como son tarjetas de crédito, débito o información bancaria, por medio de mensajes o emails enviados a los usuarios con enlaces “maliciosos” que les redirigían a páginas web falsas, creadas para descargar un virus que podría llegar controlar los dispositivos y proveer sus datos personales a los ciberdelincuentes.
Como consecuencia del incremento de estas actividades ilícitas, la Procuraduría General de la República puso en marcha la semana pasada, una serie de allanamientos por medio de la Operación Discovery, que busca desmantelar asociaciones criminales dedicadas al cibercrimen que actúan desde República Dominicana y Estados Unidos.
Esta operación, que significó paso en la lucha contra el crimen cibernético, se desarrolló en provincias como Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata, donde se intervinieron más de 10 Call Centers (Centros de Llamadas), dedicados a delitos como la extorsión sexual y económica, robo de identidad, intimidación y la usurpación de funciones de oficiales de Estados Unidos, según informó el Ministerio Público por medio de un comunicado de prensa el pasado jueves.
En este operativo fueron ocupados bienes millonarios que incluye 30 vehículos de alta gama, 300 equipos electrónicos, como computadores y teléfonos celulares, unos 400 mil dólares y más de 19 millones de pesos en efectivo, lo que evidencia el alcance del poder adquisitivo que pueden llegar a ostentar aquellos individuos que se dedican a este tipo de actividades ilícitas.
