HIGÜEY. El empresario Joan de la Cruz denunció haber sido estafado con más de 26 millones de pesos por una red de malhechores que realizan un proyecto inmobiliario en el municipio Higüey, provincia La Altagracia.
Acompañado de su abogado, De la Cruz explicó que fue estacado por un grupo de personas que encabezan Rufino Santana y su esposa, Margarita Hernández, quienes, según el empresario, constituyen compañías de carpeta que se dedican a estafar a las personas a través de la venta de terrenos e inmuebles que nunca son entregados a los compradores.
“Ellos son un grupo. Ellos tienen muchos años en Higüey engañando, no solo a inversionistas dominicanos, sino extranjeros, porque están en una zona turística, y ya tienen tanto tiempo allí que ya conocen a las autoridades y saben cómo proceder para manipular la justicia en esa provincia”, explicó.
De la Cruz se refirió en estos términos durante una entrevista siga para el programa “Las Exclusivas de José Peguero”, donde, además, informó que puso la denuncia ante la corte de Higüey, pero que estas audiencias son siempre incidentadas y reenviadas por los imputados para que el caso no se conozca y puedan regresarle la inversión.
“Ellos presentan certificados médicos de familiares, de amigos, cambian de abogados recurrentemente para que las audiencias sean reenviadas y no se conozca el caso. Ellos me dijeron que me iban a ganar por cansancio. Me han amenazado de muerte. Ellos son muy poderosos y cuentan con el respaldo de las autoridades judiciales de Higüey”, dijo.
Joan de la Cruz, quien se dedica a la actividad empresarial de inversión en bienes raíces así como la importación de vehículos nuevos y usados, denunció, además, que durante el proceso judicial fue apresado por la fiscal a Silveria Rodríguez por presuntamente agresor a una persona que este asegura no conocer, cómo un medio de chantaje para que desista de la denuncia por estafa.
De la Cuz aseguró que se ha dirigido a los medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer su caso por titulares y que las autoridades correspondientes actúen contra los presuntos estafadores y puedan resarcirle por los daños causados.
