Hamlet Melo / hamlet_melo@hotmail.com
Las políticas públicas, concebidas como programas del Estado para satisfacer y atender necesidades de la población, se sustentan en planificaciones, acompañadas de recursos que aprueba el Congreso Nacional para su ejecución, a través del Presupuesto General del Estado.
Además, el Congreso Nacional es el encargado de aprobar normas con enfoque de derechos y visión de largo plazo, en las cuales los demás poderes públicos enmarcan sus actividades y planes de acuerdo a sus ámbitos de competencia. Así también, desarrollar los Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Constitución.
Y precisamente, el pasado 8 de junio, se empezó a dotar de contenido el artículo 54 de la Constitución, al aprobar la Ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de República Dominicana (SSAN).
Esta Ley define un sistema de coordinación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a garantizar que toda persona en territorio dominicano, ejerza el derecho a disponer de forma oportuna y suficiente, de alimentos inocuos y nutritivos para una vida saludable, de acuerdo a las necesidades vitales.
Es decir, el Estado deberá garantizar el acceso seguro en todo momento a alimentos suficientes la vida saludable (seguridad alimentaria) y culturalmente aceptables, poniendo a disposición la tecnología y los recursos necesarios para lograr la conservación de las especies, protección de la producción local y nacional, garantizando el acceso a agua, tierra y la presencia de mercados imparciales (soberanía alimentaria).
Como vemos, seguridad alimentaria no sólo es producción de alimentos y garantizar el acceso, sino también su uso. Es por ello, que la Ley SSAN sienta las directrices para promover la educación e información sobre hábitos sanos de alimentación y nutrición; la gestión del conocimiento y formación de recursos humanos especializados en las áreas agropecuarias, alimentación, nutrición y otras afines.
Con esta Ley, el país entra al ranking de los 8 países de América Latina y el Caribe, en contar con una Ley SSAN, demostrando con ello el compromiso en favor de la institucional y el desarrollo del Derecho a la Alimentación, que se asume. Enhorabuena.
