El año anterior a la finalización de un período gubernamental es una prueba de fuego para los gobernantes de turno, y más aún en aquellos países en vías de desarrollo, donde los recursos son más limitados para hacer frente a una multiplicidad de problemas.
En esta etapa las demandas multisectoriales para los jefes de Estado se agudizan. Y es cuando también cobran fuerza las actividades proselitistas con miras a la jornada electoral que habrá de definir al nuevo inquilino de la casa de Gobierno, con todo y lo que esto implica.
Visto así, es la fase que abre las puertas al pesado tránsito hacia la ruta final de una
gestión presidencial. Muchos problemas, nuevos y viejos, sin resolver y otros pendientes de solución, le impregnan altos grados de presión a las responsabilidades del jefe de Estado.
En este trayecto, los dignatarios se vuelven más conscientes de que el período que comprende su gestión es muy poco tiempo para solventar viejas deudas sociales acumuladas durante décadas. Es un lapso que apenas alcanza para ejecutorias que, si bien aportan significativamente al desarrollo de una nación, no son soluciones definitivas para sociedades históricamente condenadas al olvido y la exclusión.
El presidente Luis Abinader y su equipo de trabajo no son, obviamente, la excepción. Las presiones sumergen al Gobierno en una lucha feroz contra el tiempo, que avanza a toda velocidad. Ante un escenario como este, lo más recomendable es revisar la lista de compromisos pendientes, y priorizar aquellas obras y proyectos de mayor interés para la población.
