Bandas juveniles atemorizan a sectores en San Pedro de Macorís

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La Policía coordina acciones con la comunidad educativa para evitar que más jóvenes caigan en las garras de la delincuencia y la criminalidad.

SAN PEDRO DE MACORÍS. La presencia de bandas juveniles en distintos barrios de San Pedro de Macorís preocupa seriamente a los residentes de esos sectores. Los constantes enfrentamientos callejeros protagonizados por estos jóvenes, en su mayoría menores de edad, amenazan la integridad de los habitantes de esas áreas.

El problema se ha extendido a los centros educativos, donde en los últimos meses se han reportado agresiones a estudiantes por parte de miembros de pandillas juveniles. Un caso reciente de agresión ocurrió en el liceo José Joaquín Pérez, donde un joven de 15 años
fue atacado y perdió su mano izquierda.

Frank Ramírez, padre de un estudiante de un centro educativo privado de la ciudad, cree que se debe aplicar la justicia de manera rigurosa para poner fin a la violencia en las escuelas.

Señala que algunos estudiantes expulsados de escuelas públicas son inscritos en colegios privados sin que se dé ninguna explicación sobre su traslado, y los centros privados no investigan el historial de esos jóvenes.

Ramírez afirma que la Policía está haciendo su trabajo, pero la justicia se ve limitada debido a un código del menor que protege a los jóvenes involucrados en actividades delictivas.

El abogado Ángel Luis Zorrilla explica que los jueces tienen diferentes opciones para imponer sanciones penales o medidas de reeducación a los infractores, dependiendo del nivel de daño y la edad del menor. El artículo 326 del código del menor establece que el juez encargado de ejecutarla sanción debe asegurarse de que se cumpla con el propósito de educación, rehabilitación y reinserción social de la persona.

Zorrilla menciona que, una vez comprobada la responsabilidad penal del adolescente, el juez puede imponer sanciones socioeducativas como amonestaciones, libertad asistida,
programas de atención integral, servicios comunitarios y reparación de daños a la víctima.

También existe la privación de libertad en centros especializados para delitos como homicidio, agresión sexual, robo agravado secuestro, venta y distribución de drogas narcóticas. Las penas varían de 1 a 5 años o de 1 a 8 años según la edad del infractor.

PROGRAMAS DE AYUDA

En los centros educativos, se implementan programas para orientar a los jóvenes involucrados en conflictos. Los orientadores trabajan en estrecha colaboración con los estudiantes y sus familias para modificar conductas problemáticas. El liceo Gastón Fernando Deligne, que ha experimentado problemas con bandas juveniles, cuenta con
siete orientadores que lidian diariamente con los conflictos estudiantiles.

Jaime Tolentino, representante de la Asociación de Padres y Madres de la Escuela, considera que el problema de las bandas juveniles es preocupante, ya que los conflictos que comienzan en los barrios se trasladan a las escuelas. Pide a las autoridades policiales que mantengan presencia en las afueras de los centros educativos, especialmente durante la salida, cuando se producen la mayoría de los enfrentamientos.

El director Regional Sureste de la Policía Nacional, general Orison Olivense Minaya, asegura que están abordando esta problemática mediante encuentros comunitarios en los diferentes barrios. Han realizado charlas en coordinación con las juntas de vecinos para promover una relación más cercana entre la policía y la comunidad.

Carlos Penverton, director Regional del Ministerio de la Juventud, menciona que su institución trabaja con políticas públicas dirigidas a los jóvenes. Se brindan programas
de capacitación, así como actividades culturales y deportivas. Además, en coordinación con el Gabinete de Políticas Públicas de la Presidencia, se informa a los jóvenes de los distintos barrios sobre programas como el programa «14-24», que ofrece formación vocacional para ayudarles a salir del círculo de la delincuencia.

Entre los barrios donde operan las bandas juveniles se encuentran: Barrio Lindo, La Cervecería, Restauración, Barrio Blanco, Los Guandules, Porvenir, Buenos Aires, el área del
Complejo Deportivo y Villa Progreso.

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Egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central del Este (UCE) en San Pedro de Macorís en el año 2001, ha trabajado en medios radiales en la conducción de programas de opinión, así como en el área de Relaciones Públicas Institucional. Locutor Profesional Egresado de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera en el año 1995. Ha realizado diversos diplomados como: Periodismo Económico, impartido por el Banco Central de la República Dominicana, Comunicación y Derecho Constitucional, con el aval del Tribunal Constitucional, El Colegio Dominicano de Periodistas y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Periodismo Ético, a través del Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Economía, Universidad Autónoma de Santo Domingo y Colegio de Periodistas. Miembro del Sindicato Nacional de trabajadores, Círculo de Locutores, Colegio Dominicano de Periodistas, del cual fue su Secretario General de la seccional de San Pedro de Macorís, Asociación de Cronista Deportivo y Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA). Es Facilitador del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) además cuenta con Habilitación Docente en la Universidad Central del Este.