Vivimos atrapados en una contradicción que parece inherente a nuestro modo de ser. Aspiramos a una sociedad mejor, pero nuestros actos suelen empujarla hacia el mismo caos del que decimos querer salir. A diario, se refleja ese doble discurso. Se exige el cumplimiento de la ley, pero a la vez se pide indulgencia para quien la quebranta. Un agente de tránsito detiene a alguien que obvió una norma de seguridad vial, y de inmediato se levanta un coro de súplicas a favor de esa persona.

“Dele un chance, comando”, como si la ley fuera una carta de menú que se puede leer e ignorar según convenga. Se reclama seguridad y silencio en los barrios, pero no faltan quienes protegen a dueños de bocinas estridentes que rompen la tranquilidad de comunidades enteras. Hay quienes justifican ese ruido como parte de una supuesta “alegría popular”, sin pensar en el derecho del otro a vivir en paz. La cosa empeora cuando se trata de los grandes temas.

La corrupción, por ejemplo. Todos queremos que se castigue, hasta que el acusado es un conocido nuestro, del partido que apoyamos o de una familia amiga. Entonces la narrativa cambia. Se habla de persecuciones políticas o maniobras para tapar otros problemas, y la voluntad de justicia se diluye entre sospechas y trámites burocráticos.

Es como si quisiéramos los beneficios de una sociedad organizada sin estar dispuestos a pagar el precio que implica construirla. No se puede exigir transparencia y orden si a la vez celebramos la “viveza” del que se cuela en la fila. No se puede pedir respeto a la ley, si justificamos al ciudadano infractor que abofetea al representante de la ley. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y más aún, ¿estamos listos para actuar en consecuencia?